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El gobierno de Rajoy también es responsable del dislate catalán

por  LUIS PALMA CANÉ

Economista
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El gobierno de Rajoy también es responsable del dislate catalán

El domingo pasado, el gobierno autonómico de Cataluña llevó a cabo un referendum respecto a la voluntad de sus ciudadanos de separase de España y constituir una república independiente, o continuar permaneciendo, en su carácter de Comunidad Autónoma, dentro de España.

Como es sabido, el "movimiento independentista" es de antigua data; habiendo sido, desde siempre, motivo de una profunda división entre la población catalana. El tema se reactivó a partir del anterior gobierno de Artur Mas (Presidente de la Generalitat) quien, en noviembre de 2014, realizó un primer referendum "no vinculante". En dicho acto, sólo votó un 37% del electorado con un 80% de votos positivos.

A partir de allí aumentaron las presiones sobre el gobierno central; las cuales se exacerbaron a partir de la sucesión de Mas en la presidencia por Carlos Puigdemont, conocido defensor de la independencia. Ante sus reiteradas demandas de un mayor grado de autonomía, la equivocada actitud del gobierno central de Mariano Rajoy fue -lisa y llanamente- no tenerlas en cuenta.

Así las cosas -en septiembre de este año- el Parlamento de Cataluña aprobó la llamada "Ley de Referendum", la cual autorizó la realización de una nueva consulta. La reacción de Madrid fue muy clara. El Tribunal Supremo de España, al igual que la justicia catalana, declaró -de acuerdo a la Constitución de 1978- la ilegalidad de la convocatoria. De esta manera, erróneamente, el ejecutivo español convirtió un tema político en una cuestión judicial. A partir de allí, la actitud del gobierno de Rajoy -asumiendo que la manifiesta ilegalidad del proceso iba a abortar el proceso- fue de una increíble pasividad. Cometió, sin duda, un claro error.

En efecto, a pesar de las decisiones judiciales, contra viento y marea el gobierno catalán llevó adelante el cuestionado referendum; el cual- además de ilegal- ha sido una farsa ya que se permitió votar sin sistema informático alguno, en cualquier sede electoral, con ausencia de boletas oficiales y sin control de autoridad electoral alguna.

A todo esto, la única y tardía reacción de Madrid fue enviar -72 horas antes del referendum- a la Guardia Civil y a la Policía Nacional con el objetivo de impedir el acto; poniendo, incluso, a la policía local ("Mossos") bajo sus órdenes. Claramente, fue echar nafta al fuego exacerbando los sentimientos de independencia. La reacción: disturbios, violencia y acusación de la mayoría de los catalanes de una "brutal represión".

Finalizado el referendum, los datos publicados por las autoridades catalanas (por cierto, imposibles de verificar) fueron una asistencia del 42%, con un 90% de votos a favor del SI; proclamando una gran victoria y anunciando que el resultado del escrutinio -conforme a lo establecido en la Ley de Referendum- autorizaba a Cataluña a declarar unilateralmente la independencia de la región.

Las conclusiones de ello son las siguientes:

- No es cierto que el 90% de la sociedad catalana esté a favor de la independencia. Sólo se ha manifestado explícitamente a favor (si confiamos en los datos oficiales suministrados) un 38%.

- Esta minoría ha tomado la calle en manifestaciones masivas, frente a una clara "mayoría silenciosa", la cual no sólo no ha votado sino que tampoco se ha manifestado públicamente por temor a represalias.

- La situación se ha salido de cauce y ninguna de las partes parece encontrar una solución, a tal punto que Puigdemont ha pedido la mediación de la Unión Europea.

- Desde el punto de vista político, la independencia es ilegal y desde el punto de vista económico, es absolutamente irracional.

- Si bien la mayor responsabilidad de este dislate le corresponde a Cataluña, no es menos cierto que -ante el sostenido avance mediático y fáctico del independentismo- la inacción temporal del gobierno de Rajoy también ha sido parte del problema. Claramente, la situación actual implica un fracaso para ambas partes

- Se debe llegar a una solución política que contemple una mayor autonomía para las Comunidades respetando la integridad de España; no debiendo descartarse, si fuera necesario, la correspondiente reforma de la Constitución.

- Caso contrario, se exacerbarán en Europa los movimientos nacionalistas rupturistas que hoy se encuentran aplacados: vascos, navarros, valones, flamencos, escoceses, galeses y ucranianos del este, entre otros

Una última reflexión. La actual situación de ruptura se debe en gran parte a la falta de estadistas que comprendan la importancia de una Europa cada vez más integrada y perfeccionada. Por el momento, sólo Emmanuel Macron y Ángela Merkel parecen estar en ese camino. ¿Podrán?

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