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El cupo femenino atenta contra la idoneidad

por  FÉLIX LONIGRO

Abogado
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El 6 de noviembre de 1991, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.012 (conocida como ‘ley de cupo femenino’), mediante la cual se estableció que, en todas las listas de candidatos que se postulen para ocupar cargos públicos nacionales, los partidos políticos deben llevar un 30% de mujeres.

La norma adolece de varios defectos de forma, y uno de fondo. Los defectos de forma radican en la omisión legislativa de establecer a qué tipo de elecciones se aplica dicho cupo, el lugar que las mujeres deben ocupar en la lista, y cómo se debe proceder cuando, de la aplicación matemática de ese 30%, surja un número con coma.

Para resolver estas lagunas legislativas, el Poder Ejecutivo dictó el decreto reglamentario 1246 del año 2000, en el cual se aclara que el ‘cupo femenino’ solo rige para las elecciones de diputados, senadores y convencionales constituyentes, no contemplándose su aplicación para la fórmula presidencial, ni para las listas de candidatos al Parlamento del Mercosur, ni para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El decreto reglamentario también dispone que, si de la aplicación del 30%, surge un número decimal, debe tomarse en cuenta el número entero siguiente, y que, desde el primer lugar de la lista, cada dos varones, al menos, debe haber una mujer.

Por su parte, el defecto de fondo del cual adolece la ley 24.012, es que, para la integración de las listas, no tiene en cuenta la idoneidad de los candidatos, sino el sexo de los mismos, lo cual no se condice con los requerimientos que la gente exige de sus representantes, a los que les reclama que sean capaces de resolver sus problemas, sin importar si son varones o mujeres.

En los últimos días, el Congreso de la Nación está debatiendo acerca de una posible reforma política. Aprovechando esta circunstancia, legisladoras del oficialismo y la oposición presionan para lograr que, el cupo femenino en las listas de candidatos, se amplíe al 50%.

Es cierto que, si se ha pretendido acceder a la igualdad de oportunidades, el cupo debió ser siempre del 50%; pero no se trata de profundizar el error, sino de resolverlo, y para ello es necesario ir en el sentido contrario: derogando el cupo femenino, que no hace otra cosa que desmerecer injustamente a las mujeres.

Adoptar al sexo como parámetro diferenciador, es violatorio de la ‘ley antidiscriminatoria’ (Nro. 23.592); sin embargo, con el afán de brindar un marco de igualdad, la ley del cupo femenino la ha vulnerado, prohibiendo la existencia de listas que contengan un cien por ciento de candidatos varones, pero admitiendo listas integradas por un cien por ciento de mujeres.

Constituye un verdadero problema que, las legisladoras de nuestro Congreso, no adviertan que, mantener el cupo femenino, las degrada como mujeres; pero ello se agrava si se tiene en cuenta que, entre sus representados, existen miles de mujeres, quienes, con toda seguridad, confían más en su propia capacidad que en las bondades del mezquino, arbitrario e innecesario cupo femenino.

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