El costo económico de la inseguridad

Tan solo entre 1992 y 2008 los delitos en Argentina crecieron 152%. Estos delitos generaron costos de diversa índole, entre ellos los relativos a la actividad económica. De acuerdo a estudios de 2012 del Banco Interamericano de desarrollo, países de la región como Uruguay llegan a perder el 3,1% de su PBI a causas de la criminalidad y la violencia. Un estudio del Centre for Retail Research calculo en 2011 que las empresas en Argentina asumían perdidas equivalentes al 1,55% de las ventas por causa de la inseguridad. El impacto a la economía es triple: se afecta la demanda, la inversión y el capital humano.
Uno de los aspectos menos estudiados de la inseguridad es aquel que hace referencia al impacto del crimen y la violencia sobre la actividad económica. Cada vez que un delito es cometido, se generan costos directos e indirectos de diversa índole. Así como el Estado asume costos por la prevención y represión de los delitos, los individuos sufren pérdidas materiales y otros costos, el sector empresario también asume costos. Asumen costos relativos a la pérdida material, en sus sistemas de seguridad, y también el destinado a garantizar la seguridad en el transporte de los bienes que comercializan. Finalmente, deben encarar costos crecientes en todos los seguros relacionados.
El incremento de los costos de operación devenidos del contexto de criminalidad y violencia genera incentivos negativos a la inversión privada interna y externa. Específicamente en lo relativo a la inversión extranjera directa, un contexto de creciente criminalidad provoca costos de operación comparativamente superiores a otros países y genera también una dificultad mayor a las compañías para radicar directivos y sus familias en dicho país.
También se ve afectada la demanda agregada, ya que los consumidores reducen su tiempo de exposición en la vía pública (lugar donde se cometen la amplia mayoría de robos y hurtos), reduciendo sensiblemente su consumo de todo tipo de bienes y servicios.
Finalmente, y esto es un factor común a muchas empresas en Argentina, la disponibilidad de recursos humanos se ve afectada. Las empresas se ven entonces obligadas a proveer de seguridad en el tránsito de sus empleados y también se encuentran con dificultades para retener cierto tipo de empleados jerárquicos que privilegian la calidad de vida de países menos violentos.
Ante un contexto como este, y sin olvidar la obligación esencial del estado en proveer seguridad, las empresas deben necesariamente encarar programas de mejoramiento de sus sistemas de seguridad a partir de los siguientes ejes: asegurarse un asesoramiento adecuado que permita un gasto efectivo y eficiente, una coordinación correcta entre los factores físicos, electrónicos y humanos destinados a la seguridad y comprender que un sistema de seguridad eficiente redundara en una reducción de costos y una mejor calidad de vida para sus empleados.
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