Cristina se jacta de un despilfarro

El ministerio de Salud lleva gastados desde principios de año hasta el martes pasado 5.156 millones de pesos. El de Trabajo 1.594 millones. Agricultura, Ganadería y Pesca 1.162. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos 393 millones. El de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 570. El de Seguridad 179. Industria 288. Turismo 150. Es decir que, según las planillas de la secretaría de Hacienda, el gasto de esos ocho ministerios acumula en el año 9.492 millones.


Es menos de la mitad que los 21.817 millones de pesos que en ese mismo período devengó el programa Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, que es la partida de la que salen los fondos para cubrir con subsidios las tarifas baratas de luz. Impresionante desproporción.


Si a la erogación de esos ocho ministerios se agrega la del Conicet (1.457 millones), se alcanza la mitad de lo que insume la partida de subsidios. Para llegar a ese monto se puede añadir lo que gastan Policía Federal (3.921), Corte Suprema (549), Comisión Nacional de Energía Atómica (519), secretaría de Cultura (364), Inta (993), Inti (211), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (986), Apoyo Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (77), Desarrollo de la Infraestructura Habitacional Techo (1.885), Acciones para el Mantenimiento Habitacional e Infraestructura Básica (527), Fortalecimiento Comunitario del Hábitat (462), Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (343), y Fundación Miguel Lillo (29).


Todo eso, con los ocho ministerios enteros incluidos, suma 21.815 millones de pesos, casi casi igual que los 21.817 millones destinados a subsidiar la energía eléctrica. Es una cifra que, para apelar a otras comparaciones, supera a lo que se lleva pagado en el año por Servicio de la Deuda Pública, y también a los 15.796 millones de pesos que la Anses desembolsó para Asignaciones Familiares, incluída la Asignación Universal por Hijo.


La desproporción es aún mayor. Por un lado, debido a que la partida Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ya utilizó el 90 por ciento de lo que figura en el Presupuesto Nacional, lo que obligará al gobierno a reforzarla. De hecho el 3 de julio pasado el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina firmó una decisión administrativa por la cual se le asignaron 5.702 millones de pesos adicionales.


Además, los subsidios a la energía no sólo se fondean de la mencionada partida. Lo correspondiente a Enarsa, por ejemplo, se contabiliza dentro de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales, que hasta el martes pasado devengó un total de cerca de 25.000 millones de pesos. Enarsa también acaba de recibir un refuerzo por 2.507 millones. Se puede estimar que los subsidios a la electricidad y gas van a implicar en el año alrededor de 50.000 millones de pesos, un número que representa el 8 por ciento del Presupuesto Nacional o alrededor de 2 puntos del Producto Bruto.


Esa enorme montaña de subsidios genera un serio problema fiscal, pero la política podría justificarse si todo el dinero se destinara a mantener tarifas accesibles para hogares necesitados. Pero no es el caso, ya que una parte considerable beneficia a población de clase media-alta y alta, como bien lo sabe el ministro de Julio De Vido y como lo han probado estudios sobre el impacto en la distribución del ingreso: los economistas del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar) Jorge Gaggero y Darío Rossignolo calcularon que el 24 por ciento de los subsidios a la electricidad y el gas favorecen al 10 porciento más rico y el 16,2 por ciento al decil que le sigue, con lo cual el 42,6 por ciento beneficia al 20 por ciento superior de la pirámide (Impacto del Presupuesto sobre la Equidad).


Eso significa que a lo largo del año unos 20.000 millones de pesos de subsidios se despilfarrarán a favor de gente que no los necesita.


En 2008 el gobierno intentó terminar con la política de tarifas baratas para todos y todas, pero lo hizo con tanta torpeza técnica y política que tuvo que abortar la medida. A fines de 2011, anunció con algo más de racionalidad la aplicación de sintonía fina, pero la modificación se limitó a una quita muy acotada.


A esta altura no queda claro si el gobierno no puede o no quiere terminar con el despilfarro. El viceministro Axel Kicillof había llegado al absurdo de defender los subsidios con el argumento de que las tarifas baratas promueven el consumo, que es una lógica parecida a la de los que proponen reducirle impuestos a los ricos.


El lunes pasado Cristina se jactó, y con mucho énfasis, de que los subsidios van a seguir.

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