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Aumento de expensas en edificios: falta representatividad de los consorcistas

por  IGNACIO URESANDI

Investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Fundación UADE.
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Aumento de expensas en edificios: falta representatividad de los consorcistas

El acuerdo paritario de los encargados de edificios y la sanción de la ley que crea el Consejo de la Propiedad Horizontal en la Ciudad de Buenos Aires reavivaron el reclamo de las asociaciones de propietarios en pos de mayor representatividad sectorial.

Existen en la Argentina más de 15 asociaciones civiles de consorcistas de unidades de propiedad horizontal que, con mayor o menor grado de organización y alcance, pretenden defender los intereses de los millones de propietarios de departamentos, cocheras, locales y oficinas que están sometidos a este especial régimen de dominio.

Las últimas semanas asistimos a dos hechos que afectan la vida – y los bolsillos – de los propietarios que tomaron estado de debate público: por un lado, el cierre del acuerdo paritario de los encargados de edificios que impactó considerablemente en las liquidaciones de expensas del mes de mayo, y por otro lado, las negociaciones para la efectiva implementación del Consejo de la Propiedad Horizontal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, creado en la última sesión legislativa del 3 de diciembre de 2015.

Si bien se trata de conflictos diferentes, ambos tienen un denominador común que es la reivindicación de las asociaciones de consorcistas por un mayor grado de representatividad en las instancias donde se negocian y definen colectivamente cuestiones relativas al régimen de Propiedad Horizontal, pero cuyas consecuencias directas y palpables se trasladan a la vida cotidiana de los propietarios de unidades funcionales en términos individuales.   

La negociación salarial es sin duda el mayor foco de conflicto, no solo por su impacto económico sino también porque en este ámbito la representación directa de los consorcistas es virtualmente nula.

Esto, porque la paritaria que alcanza a las diferentes categorías de encargados y empleados de edificios de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 589/10, es llevada adelante por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) en representación de los asalariados, pero por la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) en el lugar de los propietarios.

Estas últimas tres nuclean mayoritariamente a los Administradores de Consorcios y entidades vinculadas a la actividad inmobiliaria pero no a los consorcios de copropietarios en sí, quienes son los verdaderos empleadores de los trabajadores de edificios y quienes, por ello, de acuerdo a un ideal de paritaria del sector, deberían ocupar la silla de la parte empresaria.

Inclusive, lo que resulta llamativo: la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), una de las tantas asociaciones civiles que representan propietarios de forma directa, posee personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo en carácter de empleador, pero aun así, y a pesar de haber interpuesto varias medidas judiciales no logra todavía sentarse a la mesa de negociación salarial.

La pulseada legislativa

En otro plano, la presión de las ligas de consorcistas por espacios en ámbitos de decisión se hizo sentir también con la sanción en la Legislatura de la Ciudad de Buenos aires de la Ley Nº 5464 que creó el Consejo de la Propiedad Horizontal, un organismo autónomo encargado de la regulación de la actividad de los consorcios, y del registro, la fiscalización y control de los administradores.

Al sancionarse la Ley en diciembre del año pasado, se estableció que el Comité Ejecutivo estaría integrado por 11 representantes, de los cuales 4 pertenecerían a la esfera sindical, 3 a las Cámaras de Administradores de Consorcios, 1 a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 1 al Gobierno local, 1 a Organizaciones de Defensa del Consumidor y solamente 1 para entidades civiles que nucleen copropietarios.   

Frente a esta conformación, las organizaciones civiles expresaron en consenso que tal como estaba planteada otorgaba a los gremios y a los administradores una representación exagerada y una mayoría casi automática, que podría derivar en disposiciones que incrementen los gastos de los consorcios. Así, lograron demorar la reglamentación y puesta en funcionamiento del Consejo.

En el mes de abril, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un nuevo proyecto de Ley con modificaciones en la composición del Comité Ejecutivo, aumentando la representación estatal a tres miembros y reduciendo en dos la presencia sindical. Asimismo, estipuló el carácter ad-honorem de los cargos a fin de no generar mayores gastos trasladables a los consorcistas.

Si bien al día de hoy la discusión en términos legislativos no ha sido saldada, puede observarse que en esta cuestión la presión por mayor representatividad de los copropietarios ha obtenido mayores resultados que en el ámbito de la negociación salarial, lo que seguramente servirá de impulso para reiterar el reclamo ante la cartera de trabajo.

En ambos casos, la demanda creciente de las organizaciones civiles cristaliza un trasfondo difícil de soslayar para cualquier interlocutor en la esfera pública: la voz de quienes llevan en sus espaldas el costo de las decisiones no puede ser desoída.  

 

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