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Doce años de unitarismo fiscal

Ayer, 27 de febrero, se cumplieron 12 años de la firma del ‘Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos’, ratificado posteriormente por una ley del Congreso Nacional. En ese acuerdo, las provincias –excepto San Luis–, aceptaron “dejar sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el Gobierno Nacional”.
La Ley de Coparticipación Federal –sancionada en el año 1988– establece una distribución automática de los recursos entre la Nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires. El artículo 7º de esa ley dispone que la Nación debe transferirles un mínimo del 34% de la recaudación, lo que opera como una garantía del sistema federal de gobierno que adopta nuestro país en la Constitución Nacional. Sin embargo, desde el año 2002, las provincias y la ciudad de Buenos Aires nunca recibieron el porcentaje mínimo garantizado por la ley. En efecto, actualmente el porcentaje que les transfiere la Nación no supera el 25% de la recaudación.
Es importante tener en cuenta que la Disposición Transitoria 6ª de nuestra Constitución Nacional –introducida en la reforma de 1994– establece, en lo que aquí interesa, que en el régimen de coparticipación “tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma” hasta el dictado de un nuevo régimen de coparticipación, que la misma ordena debía aprobarse antes de la finalización del año 1996, manda constitucional que continúa sin cumplirse.
Lo cierto es que si la propia Constitución Nacional dispone que la distribución de recursos vigente en 1994 no puede modificarse en desmedro de las provincias, mal podrían normas de inferior jerarquía, como lo son el acuerdo celebrado el 27 de febrero de 2002 y su ley ratificatoria, derogar la Disposición Transitoria 6ª referida, sencillamente en base a la supremacía que tiene el texto constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional.
Si esto es predicable para las provincias que suscribieron ese acuerdo, cuánto más lo es para la provincia de San Luis, que no lo firmó ni aprobó en su ámbito la ley nacional que lo ratificara. En efecto, así lo resolvió en dos oportunidades la Comisión Federal de Impuestos, cuyas resoluciones son de cumplimiento obligatorio.
Para dimensionar el enorme perjuicio que esta situación provoca al federalismo, basta mencionar que en el caso de San Luis, la diferencia entre lo que le corresponde recibir según la ley de coparticipación vigente y lo que efectivamente ha percibido, asciende a $ 1.400 millones.
Debemos revertir este unitarismo fiscal que rapiña los legítimos recursos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Un nuevo régimen de coparticipación federal como el que ordena nuestra Constitución Nacional es uno de los desafíos prioritarios y de las mayores deudas que la dirigencia política tiene con el pueblo argentino.

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