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La fórmula es aplicar como respaldo el 200% del tonelaje, capacidad de bodega y/o potencia de máquinas de las embarcaciones construidas en el país desde 2005.

Uno de los temas a incorporar por la Cámara de Diputados al tratar los proyectos de ley de Marina Mercante e Industria Naval es la necesidad de aplicar como respaldo el 200% del tonelaje, capacidad de bodega y/o potencia de máquinas de las embarcaciones que se han construido en el país desde 2005 en adelante.

Si la ley no respeta la capacidad de charteo prevista en el decreto 1010, se estarían censurando derechos adquiridos. Las empresas que se beneficiaban con este decreto decidieron invertir en el país, construir en astilleros argentinos buques que aún se están amortizando y a su vez utilizar esa capacidad para arrendar unidades que generaran más puestos de trabajo y capacidad de bodega.

No son pocas las firmas que confiaron en la industria naval nacional y que hoy esperan el justo reconocimiento del nuevo texto legislativo.

Entre ellas figura Argenmar, con sus unidades ARG 1101 B, ARG 1104 B, ARG 1106 B, ARG 1102, ARG 1103, y ARG 1105. Antares con El Chalten y el Querandí;

Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada con sus ACA I, ACA II, ACA III, ACA IV, y ACA VI. Al listado también se suma el propio Astillero Contessi que actúa como armador con los dos buques Regina Australe; la Compañía Naviera Horamar con sus LP 101, LP 102, Horamar, LG 3001, y LG 3002; Conarpesa Continental Armadores de Pesca SA con los Alvárez Entrena I y II; Esteros del Delta SA con el Milagros y El Remanso; Fiduciaria del Norte SA con sus buques Puerto Eva Perón y Laguna Blanca; Impala Terminals Argentina SA con Tratank 30, 31, 32, 33, y 34; Guillermo Gustavo Langbein por sus unidades Miguel D y El Biguá; Marpatag SRL con sus Santa Cruz I y II; Solo Patagonia SA con los buques Don Ovidio, Doña Elena, y Los 3 Hermanos; y UABL SA con Zonda I y la serie PA 3001R, PA 3003R, PA 3002R, y PA 5001 R.

Emblema

Un caso puntual es el de National Shipping SA, firma nacional que opera desde el año 1998. Desde sus inicios apostó a la inversión como motor del crecimiento y operó todas sus unidades bajo bandera nacional con la consiguiente generación de empleo argentino.

La compañía nunca se acogió a las banderas de conveniencia o doble registro. No hay otra empresa en el país que pueda asegurar lo mismo.

Entre 2005 y 2009, comenzó un ambicioso plan de inversión con la construcción de seis barcazas fluviales doble casco con una capacidad de 5.000 m3 cada una, con una inversión de u$s 20,5 millones. Fueron dirigidas por Servicios Portuarios Integrados (SPI) en el Astillero Domecq García (CINAR).

En 2010 National Shipping ganó la licitación de Shell Capsa, y compró su flota compuesta por el remolcador "Litoral", los buques fluviales "Paraná" y "Plata" y las barcazas "AR01" y "AR02". También reconstruyó las dos barcazas de casco simple a doble casco. En 2013 construyó en Astillero Navales Unidos un remolcador de gran porte: el "Gran Argentino", con una inversión de u$s 9 millones. Un año más tarde, arrancó la construcción de un nuevo buque para que opere bajo el servicio de Shell Capsa. Fue construido en el exterior debido a que las exigencias en los tiempos de puesta al servicio del cliente no permitían hacerlo localmente. Una vez concluida la obra, el pabellón nacional fue izado en el astillero en China, lo que representó mayores costos y altos inconvenientes logísticos en comparación a la alternativa que hubiera significado traerlo bajo bandera extranjera y con tripulación del exterior.

En 2015, se adquieren tres nuevas barcazas de doble casco construidas en el astillero Ultrapetrol de Santa Fe. Hoy National Shipping construye una nueva barcaza doble casco en el Astillero Río Paraná Sur por un monto aproximado de u$s 2,5 millones y un nuevo buque por u$s 15 millones.

La inversión desde los inicios de la firma hasta la actualidad alcanza los u$s 87,7 millones y el 70% ha sido volcada en astilleros del país.

Cada buque incorporado a su flota siempre tiene tripulaciones nacionales y creció de 225 puestos de trabajo directo a 687. Si se incorporan los indirectos la cifra supera los 1.500.

La modificación del texto legislativo para no perjudicar a estas empresas que invirtieron en el país ya está siendo consensuada con la cámara Alta. La adaptación del texto sin dudas brindará una mayor seguridad jurídica y reconocerá derechos adquiridos.

 

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