El esquema de IVA para bienes de capital volvió a quedar bajo la lupa de las pymes industriales: compran insumos al 21% y venden al 10,5%, lo que genera un crédito fiscal que se acumula durante meses, inmoviliza capital de trabajo y termina afectando decisiones de inversión.

El problema no es nuevo. La alícuota diferencial rige desde 2001 y, lejos de resolverse, sigue generando un desbalance estructural en empresas manufactureras que operan con márgenes ajustados y necesitan liquidez constante.

“Pagamos el 21% en todas las compras y vendemos al 10,5%. Ese desfasaje se acumula como saldo a favor y nos quita capital de trabajo”, explicó Gustavo Manfredi, dueño de Fohama, una pyme que fabrica transformadores eléctricos de potencia.

En la práctica, ese crédito de IVA queda “atrapado” en el sistema durante meses. Según las empresas, las devoluciones pueden demorar al menos medio año, con el agravante de que, en contextos inflacionarios o de devaluación, el monto recuperado pierde valor real.

Devoluciones tardías

“Con las devaluaciones devolvían monedas”, resumió Manfredi. Y agregó que se trata de “millones de dólares constantemente inmovilizados” que podrían destinarse a inversión productiva.

Por su parte, Rubén Fabrizio, director ejecutivo de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic), planteó que el esquema genera un doble costo: “El fabricante compra al 21% y vende al 10,5%, lo que genera un saldo técnico a favor que obliga a gestionar su devolución. Esa gestión es compleja, lleva tiempo y tiene un costo administrativo y financiero”.

Ese costo financiero está directamente vinculado al tiempo. “Cada mes que pasa, ese dinero se devalúa. En contextos de inflación, en tres meses se puede perder cerca del 10% del valor”, detalló.

A eso se suma el costo operativo: equipos internos o estudios contables dedicados exclusivamente a tramitar devoluciones. “En lugar de contratar un ingeniero para mejorar la producción, hay que contratar un contador para recuperar menos plata”, graficó Fabrizio.

Más de un mes de facturación

Las mediciones del sector muestran que, en algunos casos, los saldos acumulados equivalen a uno o varios meses de facturación, una magnitud que impacta directamente sobre la capacidad de financiamiento de las pymes.

El esquema original buscaba incentivar la inversión: al reducir la alícuota al 10,5%, el comprador de bienes de capital pagaría menos IVA. Pero en la práctica, ese beneficio no siempre se materializa. “Si le vendés a una gran empresa, como una petrolera o una minera, esa compañía descarga el IVA. Entonces la diferencia de alícuota no define la inversión”, explicó Fabrizio.

En ese contexto, el costo termina recayendo sobre el fabricante, que en su mayoría es una pyme. “Es una mochila que cargan las pymes para un beneficio que muchas veces no se verifica”, agregó.

Manfredi coincide: “Para un productor, el IVA debería ser un pasamanos, no un problema”. Sin embargo, el diseño actual rompe esa lógica y traslada el impacto financiero a la industria.

El reclamo que se repite

El sector viene planteando el problema desde hace más de dos décadas sin lograr cambios estructurales. “Hace 25 años que pedimos que se modifique esta situación y ningún gobierno lo resolvió”, sostuvo Fabrizio.

Hasta ahora, las respuestas oficiales se concentraron en intentar agilizar las devoluciones, pero sin atacar el problema de fondo: la alícuota partida. “La solución no es simplificar el sistema de devolución, sino eliminar el problema que lo genera”, agregó.

Entre las alternativas, las empresas mencionan dos caminos: unificar la alícuota o trasladar el beneficio directamente al comprador, sin afectar al fabricante. También aparecen propuestas más específicas, como certificados de exención o mecanismos que eviten la acumulación de saldos técnicos.

“Hay mecanismos de solución, pero generan burocracia y costo que no aporta ningún valor. No es un tema de bajar impuestos, sino de cómo funcionan”, resumió Manfredi.

Un caso testigo en la industria

El planteo no es aislado. Incluso empresas que son presentadas como modelo dentro del sector conviven con el mismo problema.

En TTE Transformadores -la pyme que el ministro de Economía, Luis Caputo, usó como ejemplo durante una presentación en un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)- reconocen que la acumulación de crédito fiscal es uno de los principales obstáculos operativos.

En la compañía explicaron que el esquema de IVA genera saldos a favor que el Estado demora en devolver y que, en ese lapso, pierden valor. Ese dinero, sostienen, podría destinarse a ampliar capacidad productiva o mejorar la competitividad.