El resultado del congelamiento de precios es positivo para el Gobierno, y en algunos sectores económicos ya se comenzó a analizar la posibilidad cierta de que se postergue la fecha prevista para el descongelamiento de los precios.
El sector de la medicina prepaga es uno de los que aceptó que no retocará sus tarifas hasta que no finalice este mes, aunque ahora ven que, tal vez, el 1º de abril cuando vence el lapso de 60 días no podrán pensar libremente en esa posibilidad.
Desde el mercado de la medicina privada advierten que por el momento no hubo ninguna comunicación oficial, aunque sostienen que algunos indicios nos llevan a pensar que el congelamiento se podría extender, al menos, por un mes más.
De este modo, la rama de la medicina privada se suma al pensamiento que también reina entre los supermercadistas que también pactaron un congelamiento de precios, quienes también entienden que tras el 1º de abril podría haber un pedido de renovar el pacto.
Tal como ocurre en los supermercados, en las prepagas también aguardan por un encuentro que deberían tener durante los próximos días con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y de la que no se descarta que también forme parte el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
De ese encuentro deberán formar parte los principales ejecutivos de las empresas de medicina prepaga. Allí, se plantearía la posibilidad de extender los plazos previstos en un principio.
De esta forma, Moreno pretende continuar con su política de enfriamiento de precios, pero a la vez estirar la presión que se generó en torno de qué ocurrirá una vez que se haya terminado el plan de contención tarifario.
Hasta el momento no recibimos ningún llamado oficial por parte del Gobierno para advertirnos sobre el alargamiento de los 60 días previstos. Sin embargo, algunas charlas informales nos hacen pensar que la idea es hacerlo por un mes más, sostuvo ante El Cronista un referente del mundo de la medicina privada.
Esta situación es seguida de cerca no sólo por las empresas de medicina prepaga, sino también por sus prestadores sanatorios y centros de diagnósticos, que dependen de su suerte con la suba de tarifas para poder ellos también incrementar los precios que les cobran a las propias prepagas.
El incremento de las tarifas que pretende poner en marcha el segmento de la salud privada tiene que ver con un acuerdo al que había llegado con el Gobierno, mediante el cual se segmentaron las subas de tarifas, acorde con las mejoras salariales que se les dieron a los trabajadores de Sanidad. De esa negociación había surgido un encarecimiento de las cuotas inferior al crecimiento de los salarios, situación que los prepagos ahora quieren emparejar.
Esa diferencia ronda el 10%, y ese es el monto que ahora exigen. Incluso, habían tenido hace un mes el visto bueno oficial para implementarlo una vez que se descongelaran los precios, aunque esa posibilidad aparece ahora como más lejana, si es que finalmente el Gobierno determina que se debe encarar un estiramiento de los plazos que se habían convenido, y que en principio tendrían una vigencia de 60 días.