La transición energética puso a la minería en el centro de la agenda global y abrió una competencia entre países por captar inversiones vinculadas a estos minerales. En América latina, ese proceso convive con un contexto complejo, atravesado por altos niveles de conflictividad socioambiental y una fuerte sensibilidad en torno al uso de los recursos naturales.
Marcelo Álvarez, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Barrick Sudamérica, planteó que la región enfrenta una oportunidad concreta, pero con desafíos propios. “La transición energética abrió la discusión en todos los países de América latina para captar inversiones, y la minería le da a la región la posibilidad de ser un jugador internacional”, afirmó. Al mismo tiempo, advirtió que se trata de una zona con alta biodiversidad y una conflictividad social que obliga a repensar cómo avanzar.
En ese marco, el ejecutivo sostuvo que el debate ambiental debe abordarse de manera abierta. “La discusión sobre dónde y cómo hacer minería es un debate que tenemos que dar con distintos actores de la sociedad”, señaló, al referirse a la necesidad de construir consensos que permitan sostener los proyectos en el tiempo.
La evolución regulatoria y la mirada de los inversores también cambiaron. Álvarez explicó que, más allá de las exigencias formales del financiamiento internacional, las propias compañías asumieron un rol más activo en la gestión social y ambiental. “Las empresas hemos tomado conciencia de la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para las comunidades", afirmó.
“Hoy el 96% del agua se recicla en la operación, lo que redujo sustancialmente el consumo”, explicó. A eso se suma el uso de drones en tareas de exploración, que permiten acceder a zonas más profundas y mejorar las condiciones de seguridad para los trabajadores. Para Álvarez, la minería es una de las industrias que más avanzó en la incorporación de tecnología precisamente por el nivel de riesgo que implica.
El control ambiental es otro de los ejes del modelo operativo. “Tenemos 350 puntos de monitoreo que reportan de manera permanente el estado de las cuencas y la biodiversidad”, detalló, y remarcó que hoy existe un nivel de control mucho mayor que años atrás. En paralelo, una inversión de u$s 55 millones permitió electrificar la mina, con una reducción del 30% de las emisiones.
De cara a los próximos años, el foco estará puesto en extender la vida útil de los proyectos en operación y en evaluar oportunidades de largo plazo para Barrick. En ese escenario, Álvarez remarcó que la competitividad será un factor clave en la asignación de capitales a nivel global. “Tiene que ver con un paquete de variables: carga tributaria, costos laborales e infraestructura”, apuntó.
En esa línea, destacó la aprobación del RIGI como una señal relevante. Según indicó, el régimen no solo aporta estabilidad fiscal, sino también previsibilidad normativa y una carga tributaria alineada con la de otros países mineros.
