Energía

El reclamo de una petrolera, la punta del iceberg de una pelea por $ 85.000 millones en deudas

Pan American Energy inició un arbitraje contra Camuzzi en la Cámara de Comercio Internacional. Es por una deuda que las distribuidoras generaron por la devaluación de 2018. El Gobierno de Macri asumió pagarla pero el de Alberto lo anuló. PAE y otras productoras pisan el acelerador porque se está por vencer el plazo de los contratos para cobrarlas

Pan American Energy (PAE), la petrolera privada más grande de la Argentina, inició un arbitraje contra Camuzzi ante la Cámara Internacional de Comercio (ICC). Le exige a Camuzzi Gas Pampeana -una de las dos empresas con las que el grupo gestiona la mayor red de distribución de gas del país, con 2 millones de clientes- una deuda de $ 1720 millones, equivalentes a u$s 9 millones según el tipo de cambio del día anterior al que presentó la solicitud en el tribunal.

En la industria energética, aseguran que es la punta de un iceberg: se espera una sucesión de reclamos de productoras de gas a distribuidoras por pasivos que llevan ya cinco años en el sistema. En 2019, se los cuantificó en $ 24.200 millones, unos u$s 384 millones de entonces. Al cambio oficial, ese monto hoy supera los $ 85.000 millones.

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De hecho, la embestida de PAE no es sólo contra Camuzzi, controlada por Disvol, el grupo inversor que lidera el ex CEO de Edenor Alejandro Macfarlane. La petrolera de los Bulgheroni, BP y la china Cnooc pisó el acelerador para cobrar sus deudas con todas las distribuidoras, afirman fuentes del sector.

El conflicto data de 2018. De cara al invierno de ese año, las gasíferas, que compran fluido con seis meses de antelación, habían pactado un precio en dólares, pagadero contra entrega del fluido.

En abril de ese año, comenzó la crisis financiera que sentenció al gobierno de Mauricio Macri. Entre ese mes y septiembre, el dólar saltó de $ 20 a $ 40. Se habilitó a las distribuidoras a pagarles a los productores al dólar con el que habían firmado los contratos y, así, evitar que ese aumento se trasladara a tarifas.

Javier Iguacel era Secretario de Energía cuando el Gobierno de Macri se hizo cargo de la deuda que acumularon las distribuidoras con las productoras de gas por diferencias de tipo de cambio.

Para regularizar las diferencias adeudadas, en noviembre de 2018, el entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, impulsó el decreto 1053, por el cual el Estado se comprometió a hacerse cargo de la deuda.

Se pagaría en 30 cuotas mensuales y consecutivas, a partir de octubre de 2019. Según los anexos de la resolución 735 del Enargas, del 14 de noviembre de 2019, ese pasivo, acumulado entre abril de 2018 y marzo de 2019, se fijó en más de $ 24.200 millones. Sólo se pagó la primera cuota, en diciembre de ese año.

Tras el cambio de gobierno, primero, y la pandemia, después, la deuda entró en nebulosa. Contemplada en el proyecto original, sin embargo, la ley de Presupuesto de 2021, sancionada en diciembre de 2020, anuló, en su artículo 91, el decreto 1053, de Macri-Iguacel. Con lo cual, la deuda volvió a ser exclusiva de las distribuidoras, que iniciaron sus propios reclamos por la disipación del compromiso oficial.

PAE, cuya acreencia total a noviembre de 2019 sumó $ 1760 millones (u$s 28 millones del momento), intentó gestionar el cobro con todas las distribuidoras. Ahora, ante la cercanía del vencimiento del plazo para reclamar, accionó los mecanismos fijados en los contratos para saldar diferencias. En el caso con Camuzzi, un arbitraje de la ICC.

Más del 60% de las deudas del sistema son con Energía Argentina (ex Enarsa) e YPF. El resto se reparte entre las productoras privadas: además de PAE, TotalEnergies, Pampa, Wintershall Dea, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista y Compañía General de Combustibles (CGC), entre las principales. A la que más se le debe es Total: unos $ 2400 millones (u$s 38 millones de entonces).

La deuda de las distribuidoras de gas, una por una

Entre las distribuidoras, a noviembre de 2019, el pasivo de MetroGas era de $ 4572,4 millones (u$s 72,6 millones de esos días); el de Naturgy, de $ 4296,6 millones (u$s 68,2 millones); el de Camuzzi Gas Pampeana, $ 5144,3 millones (u$s 81,7 millones); y el de Camuzzi Gas del Sur, fue de $ 3407,4 millones (u$s 54,1 millones). 

Distribuidora Gas de Cuyo acumuló $ 1983,4 millones (u$s 31,5 millones); Distribuidora Gas del Centro, $ 1898,9 millones (u$s 30 millones); y Litoral Gas, $ 2011,8 millones (u$s 31,9 millones). 

El resto se distribuye entre Gasnor ($ 778,8 millones; u$s 12,4 millones), Gas NEA ($ 309 millones; u$s 4,9 millones) y Redengas ($ 122,3 millones; u$s 1,9 millones).

Fuentes del sector aseguran que, desde la anulación del decreto, hace poco más de dos años, ninguna de las productoras se quedó quieta para cobrar. "La diferencia es que, ahora, empieza a vencerse el plazo contractual para cobrar esas deudas. Por eso, el de PAE contra Camuzzi no es, ni será, el único reclamo que se verá", vaticinan.

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