Mientras espera la solución de su situación concursal, Vicentinpodría reactivar todas sus plantas el mes que viene. Es que ya son ocho las empresas aliadas que le otorgarían contratos de fasón para que la cerealera pueda pagar los sueldos adeudados y, a la vez, encender sus máquinas en San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda, luego de meses de inactividad.

La empresa confirmó que esta semana terminará de pagar los salarios correspondientes a mayo, a la vez que estima que podría reactivar sus fábricas a mediados de julio. Es que, sin capacidad crediticia por su delicada situación financiera, sus únicos ingresos provienen de los contratos a fasón. Esto es, recibir los granos de otras compañías, industrializarlos y cobrar un porcentaje por ese trabajo.

Entre las empresas que confiarán sus granos para reactivar las plantas de Vicentin figuran Viterra, Bunge y ACA -las socias estratégicas-, Molinos Agro, Unión Agrícola Ganadera, Cargill, Commodities -representada por Grassi- y el Grupo Louis-Dreyfus (LDC).

Estas compañías, no obstante, tienen intenciones distintas respecto al futuro de la concursada que está intervenida judicialmente hace poco más de un mes y que arrastra un default por más de u$s 1500 millones desde 2019.

Mientras que Molinos Agro, Cargill y LDC otorgarán sus granos para contribuir con la reactivación de la empresa, y, consecuentemente, con 'la paz' del sector agroindustrial santafesino, las aliadas estratégicas y el Grupo Grassi tienen planes de participar del proceso de salvataje.

De esta manera, próximo 3 de julio se llevará a cabo una asamblea de accionistas en la que se expondrá la situación actual de la empresa y se debatirán diferentes alternativas "para la viabilidad de la empresa y sus distintas unidades de negocios", además de evaluar la "venta de activos ociosos o ‘non core' de Vicentin".

Actualmente, la compañía está a la espera de la definición de su futuro. Es que, a mediados de mayo, la Justicia santafesina ratificó la decisión del juez a cargo del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini y decidió abrir el proceso de salvataje -o cramdown-.

Esto sucedió a pesar de que la compañía estaba a la espera de la homologación de su acuerdo concursal que tenía a Bunge, Viterra y ACA como inversores principales y dos años atrás contaba con la adhesión del 70% de los acreedores. La propuesta contemplaba el paso del 95% de la compañía a los llamados inversores estratégicos a cambio de una inyección de u$s 300 millones en capital de trabajo y el blindaje de la empresa por 12 años.

Sin embargo, dejó de ser una opción ya que el tribunal subrogante (inferior), que, en este caso, es la Cámara de Rafaela, no homologó el acuerdo, acorde a las recomendaciones de la Justicia santafesina,tal como había adelantado El Cronista. En ese momento, los inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA) se habían alejado de la cerealera ya que la aprobación de la concursal era un requisito indispensable para girar el dinero. Ahora, no obstante, volvieron a interesarse en Vicentin.

El cramdown es una herramienta previa a la quiebra que permite que ciertos acreedores u otros actores externos hagan una propuesta para tomar el control de la empresa. Por decisión de la Corte Suprema de Santa Fe y la habilitación de la Cámara de Apelación de Rafaela, ya se abrió un registro para la inscripción de diferentes propuestas para que los acreedores puedan optar por las más atractivas.

Este procedimiento ya se utilizó en el caso Vicentin en 2023, cuando no fluyó la primera propuesta concursal de la cerealera. Hoy, esta opción recae en manos de Grassi, representante de Commodities SA y el principal opositor de Vicentin en la carrera hacia la homologación del acuerdo.