Un complejo público-privado

Tras la quiebra en 2000, la concesión pasó a manos de Benito Roggio Agropecuaria. Más tarde a un grupo de capitales nacionales (Grupo Insud, José Cartellone y MSU) que invirtió $ 40 millones para refuncionalizar la empresa. Lo hizo mediante un fideicomiso, hasta que la provincia volvió a hacerse cargo.
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