Por qué el juez Ercolini no aprueba la venta a OP Investments

El juez Julián Ercolini no cree que Cristóbal López y Fabián De Sousa le hayan vendido las empresas de Indalo a OP Investments, fondo que tiene en Ignacio Rosner y el ex abogado de la City Santiago Dellatorre a sus caras visibles. "Se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la Afip en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso", sostuvo el magistrado en su fallo de ayer, en el que decidió la prisión preventiva de los patagónicos "ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros", con la "posible participación de otras personas hubieran vendido como libres bienes cuya disposición estaba inhibida".

"El día 1/12/17 resolví no hacer lugar a lo peticionado por los imputados López y De Sousa, respecto a la autorización para transferir las tenencias accionarias de las sociedades que componen el denominado grupo Indalo", recuerda Ercolini. Argumenta que la inhibición de bienes sobre ambos está vinculada al pago de la deuda. "De los escritos presentados por los imputados, no surgía cómo se iría a abonar, como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional, ni que los adquirentes propuestos habían ofrecido hacerse cargo de aquélla", refiere, acerca de los $ 10.000 millones que reclama la Afip.

Según Ercolini, López, De Sousa, Rosner y Dellatorre alegaron que ingresaba un nuevo accionista cuando, para él, sólo había un cambio de mayoritarios. Valoró que, antes de la presentación en concurso, Oil habría reconvertido su activo al cobrar créditos con acciones por $ 2800 millones, "en circunstancias de dudoso beneficio para aquélla y, en particular, para su principal acreedor, el Fisco nacional".

Recuerda Ercolini que nadie apeló esa resolución.

El 14 de diciembre, indica el juez, López y De Sousa insistieron para, arguyeron, "brindar una solución al problema económico que sufre el conglomerado empresarial". En esa presentación, precisaron que el 20 de octubre de 2017, junto con Nitzon Holding (firma panameña cuyo titular es De Sousa y López, vice), los hijos de López (Cristóbal Nazareno y Emiliano) y el Fideicomiso CML II ("Cristóbal Manuel López II"), vendieron las acciones del grupo Indalo. El contrato había sido firmado por Santiago Enrique Dellatorre Balestra y Damián Burgio, pero éste cedió su parte a Ignacio Rosner el 13 de noviembre.

Para el juez, todo "demuestra que los imputados aludidos han desplegado diversas conductas tendientes a impedir la conservación de la garantía jurisdiccional que se buscó preservar por medio de la cautela dispuesta en esta pesquisa".

"Ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias accionarias cuando les estaba vedado con anterioridad a haber solicitado autorización para ello", explica. El pedido data del 25 de octubre y la transferencia habría sido el 20. "Los imputados decidieron en su carácter de accionistas cambiar la composición del directorio, el que quedó conformado por los compradores", subraya.

"Además, se valora que, al haberse notificado de la negativa de este tribunal respecto del levantamiento de la medida, los encausados no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra, a todas luces, su voluntad de apartarse de la manda judicial. Sumado a la persistencia de los encausados en que, nuevamente, se analice la situación con la intención de que el tribunal se expida a favor de la transferencia de acciones condicionado por una situación de hecho".

A los veedores del expediente no les constaba el peligro a la continuidad de los negocios, lo que, a su entender, enfatiza su presunción. En todo lo que referido a la inhibición general de bienes, López y De Sousa siempre solicitaron permisos previos, salvo en la venta de las 170 empresas a OP. "Todo ello permite tener por comprobado un comportamiento desplegado por López y De Sousa que habilita al suscripto a adoptar el encarcelamiento preventivo como modo de asegurar los fines del proceso", indica.

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