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Por caída de sus negocios, Impsa analiza suspensiones y despidos de personal

Pidió autorización para abrir un procedimiento de crisis, paso previo para reducir su planta laboral. Argumenta la necesidad de “lograr la sustentabilidad del negocio”

Actualmente, IMPSA emplea Argentina a casi 3.500 trabajadores

Actualmente, IMPSA emplea Argentina a casi 3.500 trabajadores

Autopartistas, fabricantes de neumáticos, la industria manufacturera, empresas alimenticias, de transporte y establecimientos metalúrgicos son algunos ejemplos de alto nivel de conflictividad laboral que vive la Argentina. La recesión, la inflación, la caída del consumo, la devaluación, la incertidumbre que el default provoca entre los inversores internacionales, una serie de medidas políticas consideradas ‘equivocadas’ y que generan incertidumbre son algunas razones para justificar esta inesperada fotografía laboral de la llamada ‘década ganada’.

Ahora le tocó el turno a una de las grandes multinacionales locales como es Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), proveedora de soluciones integrales para la generación eléctrica a partir de recursos renovables, equipos para la industria de procesos y servicios ambientales. El grupo mendocino, a cargo de Enrique Pescarmona, solicitó ayer permiso para iniciar un proceso que puede derivar en suspensiones y despidos de los casi 3.500 trabajadores que emplea. Lo hizo mediante el envío de una carta a las autoridades provinciales para que le permitan la apertura del llamado Procedimiento Laboral en base a lo que marca la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94.

En la misiva que envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), argumenta las razones, asegurando que lo hace “"con el objetivo de lograr la sustentabilidad del negocio, asumiendo como prioridad la continuidad de la mayoría de los puestos de trabajo, y alineado con las necesidades de producción”". E informa que pidió “"la apertura y sustanciación del Procedimiento Laboral en los términos regulados por la Ley 24.013 y el Decreto 2072/94, con citación e intervención de la asociación sindical correspondiente ante la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Mendoza”".

La Ley 24.013 establece que antes de comunicar despidos o suspensiones “"por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”", se debe solicitar la apertura de un procedimiento de crisis “"en los casos que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 operarios; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores”".

Si bien El Cronista intentó conocer más detalles sobre esta situación, en IMPSA prefirieron el silencio. De todos modos, fuentes del mercado estimaron que el escenario negativo que sufre el grupo se nutre a varias razones. Una es que muchas de las obras energéticas que se le habían adjudicado luego fueron derivadas hacia otros grupos. Se mencionan los casos de Chihuidos, Cóndor Cliff y Añacuá. Obras hidroeléctricas frenadas, sin presupuesto, así como otras obras nucleares que tampoco terminan de arrancar forman parte de este combo de problemas que afectan su ecuación económico-financiera. También la actualidad de los parques eólicos, cuyo avance se han ralentizado lo suficiente como para sumar otro foco.

El grupo tampoco tiene chances de equilibrar la inestabilidad local con sus negocios en Brasil. La obligación de contar con un socio local del país vecino y de construir plantas le impide usar parte de sus establecimientos y personal argentinos para los planes en el mayor mercado del Mercosur.

Además, sufre retraso por el pago de obras realizadas en Venezuela y Ecuador.

Como antecedente también se puede recordar que en junio pasado debió postergar el pago de Obligaciones Negociables (ON) clase VIII y IX emitidas en pesos y dólares. En ese momento, adujo ‘demoras de carácter administrativo‘. Y luego de una semana pagó. En septiembre próximo debe cumplir con el pago de otra serie de títulos.