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La guerra contra Uber: taxistas ganaron la primera batalla en tribunales

Un juez ordenó al gobierno porteño tomar medidas inmediatas para que Uber suspenda su actividad. Desde la empresa dicen que ayer operaron con normalidad. Solo hubo una multa a un chofer

La guerra contra Uber: taxistas ganaron la primera batalla en tribunales

Los taxistas recibieron ayer una buena noticia en su primera batalla contra Uber. La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, ‘de modo inmediato‘, arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber o cualquier sociedad bajo ese nombre y ese tipo de actividad. El gobierno tiene ahora 5 días para comunicar al juzgado cuales son las medidas que adoptaron para cumplir el fallo.

Mientras se conocía la decisión judicial, Uber transitaba su segundo día funcionando en Buenos Aires "con normalidad", según indicó de Soledad Lago Rodríguez, Gerente de Comunicaciones de la compañía para Cono Sur.

El fallo conocido ayer está vinculado al amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal -que conduce Omar Viviani- junto con las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis. El titular del juzgado N´ 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, hizo lugar a ese amparo con una medida cautelar hasta que se dicte sentencia definitiva.

Entre las medidas dispuestas para sumar información a la causa, el juez requirió a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que informe si Uber ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros. Según fuentes de esa entidad, "Uber nunca se presentó y de hacerlo no hubiera recibido habilitación porque no se encuadra en ningún rubro".

En el amparo que motivó la sentencia se demanda al Ministerio de Transporte del gobierno de la Ciudad por su "omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte". Argumentaron la "grave lesión en el derecho a trabajar" y a "la igualdad de las cargas públicas" de todos los trabajadores que integran el sindicato de Peones de Taxis, como también de los propietarios de las licencias.

Entre los argumentos esgrimidos por el juez Trionfetti se resalta que como está involucrado el traslado de personas, y que "dado que los usuarios de servicios gozan de especial tutela en el art. 42 de la Constitución Nacional" y, "tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud y seguridad", "es deber de las autoridades el control de la calidad de los servicios públicos".

El ministro de Transporte porteño, Juan José Mendez, ya había advertido sobre la ilegalidad en la que se encuentra operando Uber. Aseguró que cuando se encuentre un vehículo que trabaje con esa empresa será acarreado y multado. Desde la compañía reconocieron que ayer uno de sus autos fue multado, pero "ya está nuevamente en las calles‘.