Miércoles  06 de Diciembre de 2017

La Justicia le puso luz verde a OCA, pero mantiene cercado al grupo Indalo

Mañana vence la licencia de OCA para operar y el Enacom decidirá su continuidad. La situación de Indalo es más difícil pero sus abogados negaron que busquen su quiebra

Patricio Farcuh, al frente de OCA, recibió algo de oxígeno para negociar

Mientras OCA ve una posible salida a su crítica situación, con la apertura del concurso de acreedores, los intentos de Cristóbal López para evitar la quiebra parecen no tener éxito.

Esta semana será crucial para OCA, la empresa que se vincula a Hugo Moyano, en manos de Patricio Farcuh. Mañana vence su inscripción en el registro de operadores postales y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) comenzará a analizar si renueva su licencia, sin la cual la empresa, que adeuda unos $ 3.400 millones y tiene 7000 empleados, no puede seguir operando.

Por lo pronto, en la apertura del concurso de acreedores, dispuesto por el Juzgado Nº 10 en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, la Justicia ordenó suspender las medidas cautelares trabadas por la Afip y otros entes recaudadores, que habían embargado sus cuentas, ya que es "imprescindible para continuar con el giro comercial de la empresa hasta el vencimiento del periodo de exclusividad". Así, OCA logró recuperar casi $ 1000 millones que la Afip le había embargado.

Sobre la renovación de la licencia, la Justicia especificó: "hágase saber a la Enacom la fecha de apertura del presente concurso, como asimismo la fecha de presentación (17/5/2017) a los fines correspondientes, haciéndose saber además que se encuentra en trámite de verificación de créditos y que el deudor contará con un período de exclusividad". Así, en lugar de mantener vigente la licencia hasta que la Justicia dictamine lo contrario, es el Enacom el que decidirá si continúa o no operando.

El organismo dirigido por Miguel de Godoy haría consultas técnicas a la Afip, la Justicia y a la empresa para resolver si seguirá o no prestando el servicio de correo postal. Según trascendió, el Enacom planea otorgar 10 días más de plazo y, de no encontrarse una salida, a fin de mes no le renovaría la licencia.

También será la Afip la que decida, como su principal acreedor, ya OCA necesita un "libre deuda" para lograr la licencia.

El 14 de diciembre, en tanto, se sorteará el síndico que actuará en el concurso.

Así, mientras la apertura del concurso y levantamiento del embargo dio algo de aire a OCA para negociar con la Afip y lograr una salida que le permita seguir operando (aunque en un contexto difícil), el Grupo Indalo, de Cristóbal López, se encuentra en una suerte de callejón sin salida.

El lunes, volvió a recibir un revés judicial. El juez en lo comercial Hugo Vitale rechazó el concurso de acreedores de Oil Combustibles SA (OCSA), firma de López con 4000 empleados, que adeuda a la Afip $ 8.000 millones desde hace dos años por la retención del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) en las estaciones de servicio de Oil Combustibles, cifra que con intereses y punitorios llegaría a $ 10.000 millones.

Vitale rechazó la apertura del concurso argumentando "falta de seriedad" por parte de la empresa que, según él, aún después de presentar la documentación ante la Justicia buscó que se aprobaran los pasivos y activos de la firma que estaban bajo análisis.

En octubre, López había anunciado la venta del Grupo Indalo a OP Investment, a cargo de Ignacio Rosner, pero no pudo concretar el traspaso de activos por la inhibición de bienes que pesa sobre él, por su deuda.

Para OP Investment, que se presenta como nuevo dueño del holding, existe un "plan para quebrar al ex Grupo Indalo". Y menciona "una estrategia de pinzas fríamente calculada" entre el Gobierno y la Justicia para perjudicar a la compañía y desechar "la única posibilidad de continuidad de las empresas y el mantenimiento de las fuentes de trabajo", según dijo en un comunicado, donde denunció que "amigos del poder de turno buscan que fracase el plan de salvataje" para quedarse con los activos, ya que el grupo, dijo, busca pagar las deudas comerciales y fiscales.

Al respecto, Ricardo Gil Lavedra, abogado de la Afip en el expediente contra el Grupo Indalo, aclaró ayer: "La Afip no quiere que quiebre el Grupo Indalo, está ejecutando una acción penal para cobrar su crédito". "Esto no quiere decir que no se puedan vender activos. Si los precios son razonables y el producido viene a disminuir la deuda con la Afip, esas operaciones se van a autorizar", destacó Gil Lavedra.

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