La Corte Suprema podría definir el futuro de un millonario proyecto de Techint

El grupo Techint deberá esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar en el desarrollo de un mega emprendimiento inmobiliario en la ribera sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto que fue anunciado en marzo de 2008, que involucra una inversión total de u$s 1.700 millones y que fue bautizado como el Puerto Madero bonaerense.
El plan está pensado para construirse en zonas ribereñas de los municipios de Avellaneda y Quilmes. Sin embargo, trabas y problemas políticos, y varios fallos judiciales adversos acumulados a lo largo de estos años han generado que el proyecto, conocido como Costa del Plata, siga frenado.

De hecho, cuando fue presentado oficialmente el plazo inicial de construcción de este mega desarrollo fue previsto en 12 años, de los cuales ya pasaron casi ocho años y Techint no logró ni siquiera poner la piedra fundamental.

Si bien el grupo de la familia Rocca logró el aval del municipio a cargo del intendente Jorge Ferraresi, la iniciativa sigue trabada en los pagos del intendente, Francisco Barba Gutiérrez donde las fuerzas políticas rechazan darle validez.

A este negro panorama político se suma una compleja situación judicial que se profundizó a fines de diciembre del año pasado, cuando la Cámara Federal de La Plata ratificó un amparo contra el megaempredimiento.
El órgano judicial dejó firme un fallo del año pasado de la Cámara de Apelaciones que había avalado el pedido de un grupo de ambientalistas para frenar la iniciativa de Techint.

En ese momento, se extendió el alcance de una medida cautelar que había sido pedida por 30 días hasta que finalice el juicio y se determine si Costa del Plata daña el medio ambiente y perjudica o no a la selva marginal.
Techint apeló el amparo, pero ahora la Cámara ratificó lo actuado. La decisión se basa en un incumplimiento de la Provincia que no se adecuó a la Ley de Bosques que protegería a los terrenos de la ribera del Río de Plata y que en Quilmes, no fueron rezonificados.

Si bien fuentes de Techint prefirieron no hacer comentarios ante la consulta de El Cronista sobre el futuro del emprendimiento, desde el principio, el holding aclaró que el 75% de la tierra sería de uso público, mientras que sólo el 25% restante será para construcción, respetando los parámetros urbanísticos y ambientales aprobados por ambos municipios.

Es decir, aclaró que la mayor parte de las tierras involucradas mantendrían su actual fisonomía y no quebrarían el ecosistema que los grupos ambientalistas buscan preservar.

Logró así el respaldo del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, en el cual siempre se encargaron de resaltar que, una vez finalizado, Costa del Plata daría albergue a entre 20.000 y 25.000 personas, y el área de oficinas y comercial podría generar 20.000 nuevos puestos de trabajo.

Pero, si bien en Avellaneda no hubo oposición, en Quilmes la situación siempre fue más compleja y, algunas fuentes políticas hasta se animan a estimar que podría derivar en el abandono de la iniciativa por parte del holding de la familia Rocca.

A pesar de que el Poder Ejecutivo de esa localidad bonaerense está favor del proyecto de Techint, en el Concejo Deliberante siempre hubo más dudas que certezas. De hecho, el cuerpo político nunca trató el plan de rezonificación del predio necesario para poder comenzar con las obras en la zona.

En este sentido, los grupos ambientalistas que están en contra del proyecto argumentan que la obra destruirá la selva marginal. Y además, pretenden que el gobierno de Scioli incluya a la zona donde debería levantarse Costa del Plata dentro del listado de bosques nativos, que están protegidos por la nueva legislación nacional.

Ante este avance judicial, Techint apeló las decisiones en Tribunales e intentó demostrar que no existe riesgo ambiental. Sin embargo, en el último fallo de diciembre la Cámara Federal descartó las razones del grupo y ordenó que las obras se mantengan frenadas hasta que finalice el juicio que apunta a ser definido por el máximo tribunal de justicia del país, aunque no se sabe cuándo.