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Expropiación fallida

El 20 de diciembre de 2012, el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que el Estado
declaraba de ‘utilidad pública’ el predio. Cristina Fernández firmó un decreto anulando la venta a SRA, en 1991, a cambio de u$s 30 millones argumentando que se trató de una ‘operación a precio vil’. Sin embargo, tras la presentación de un amparo, la medida nunca se pudo concretar y en 2013, la Corte Suprema avaló la cautelar que impedía la expropiación.