inicia una investigación contra dos funcionarios K que buscan mantenerse en sus cargos

El Gobierno fue a la Justicia para echar a Sabbatella y a Berner del Afsca y la aftic

El presidente Mauricio Macri intervino los dos entes que regulan a las empresas de medios y de telecomunicaciones. Y ordenó auditar el accionar de sus funcionarios

Tras la intervención de los dos entes encargados de regular los mercados de las comunicaciones y las telecomunicaciones, el Gobierno decidió iniciar una profunda investigación sobre el funcionamiento tanto de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y de Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), así como de sus dos ex titulares, Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.

La orden de intervención vino directamente del Ministerio de Comunicaciones, cartera que dirige Oscar Aguad, quien designó a Mario Frigerio y Agustín Garzón para que asuman en reemplazo de Sabbatella y Berner por los próximos 180 días. Se trata de un paso previo a la posible desaparición de ambos organismos y a la creación de un nuevo ente que sería dirigido por Miguel De Godoy y que unificaría los criterios políticos y técnicos en los cuales el Gobierno considera se deben elaborar las estrategias para los medios de comunicación y las empresas de telecomunicaciones de manera conjunta.

Mientras tanto, durante los seis meses que durará la intervención hasta el 24 de junio, y según el Decreto 236/2015 publicado ayer en el Boletín Oficial, Frigerio y Garzón deberán elaborar un completo informe sobre los procesos judiciales en los que están involucrados tanto los organismos como Sabbatella y Berner. También deberán analizar el grado de vinculación que existe entre la Afsca y la Aftic, así como un informe de gestión sobre la ejecución de los presupuestos, recursos, los gastos y contrataciones realizados por ambos entes durante los últimos seis meses. Adicionalmente tendrán que relevar y analizar los procedimientos internos utilizados para la determinación, registro y seguimiento de las sanciones aplicadas a los distintos sujetos de cada sector y en relación a los planes de adecuación de las empresas alcanzadas por la Ley de Medios el régimen para prestadores entrantes previstos en la ley Argentina Digital.

"En caso de detectarse alguna anomalía o incumplimiento, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión, debiendo aportarse la totalidad de información de base o papeles de trabajo respectivos, asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar en cada caso", reclama el decreto en su artículo séptimo.

Para fundamentar este escenario, en la norma que lleva la firma del presidente, Mauricio Macrí; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro Aguad, realiza una crítica descripción sobre el funcionamiento de la Afsca y la Aftic y se hace referencia a un severo cuestionamiento al accionar de los dos entes. Según el decreto, desde 2009, cuando se votó la Ley de Medios, a la fecha "no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de los objetivos establecidos por la norma".

Lo mismo opina el decreto en relación a la ley Argentina Digital, sancionada en 2014, "al constatarse la insuficiencia de las políticas públicas desarrolladas por la Aftic para revertir la baja calidad del servicio en materia de comunicaciones". Según el Gobierno, "tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones".

Según el decreto no lo hacen "en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, objetivos incumplidos a los que da cuenta el alto grado de insatisfacción de usuarios y consumidores en orden a la conectividad de sus comunicaciones". En otro párrafo, el documento oficial se refiere a la falta de modernización de ambas leyes frente a los avances y cambios ocurridos tanto la industria de los servicios audiovisuales como la tecnología de transmisión de datos enumerando como ejemplos a la digitalización de la TV por aire, el cable y la TV satelital; el desarrollo del streaming y la tecnología de acceso 4G o LTE.

Adicionalmente se acusa a las autoridades de la Afsca, más precisamente a los referentes del anterior gobierno, de haber incurrido en tratos desiguales entre los distintos operadores en relación a los procesos de adecuación. "También se verificaría un importante retraso en la resolución de expedientes en los cuales tramitan los pedidos de aprobación de transferencias y reorganizaciones societarias instrumentadas bajo el régimen del Decreto 764/2000", se señala en el decreto. En este marco, se acusa a la Afsca y la Aftic de haber "configurado situaciones desiguales para los distintos tipos de operadores, restringiendo en algunos casos el radio de alcance de los actuales titulares de servicios de televisión, a quienes además se los habría obligado a transportar bajo su responsabilidad y en forma gratuita la señal de un tercero dispuesto por Afsca; dando asimismo lugar a medidas cautelares de suspensión de los concursos sustanciados para la adjudicación de nuevos servicios, como consecuencia de irregularidades detectadas en su sustanciación". También se habrían detectado incumplimientos en los planes técnicos que dieron lugar a varios reclamos administrativos y acciones judiciales.

Por otra parte en el decreto presidencial se cuestiona la licitación del servicio de 4G que, "evidenció graves falencias en relación al objetivo de lograr promover la entrada de nuevos competidores". Como ejemplo se cita lo sufrido por la empresa Arlink del Grupo Vila-Manzano que fue adjudicada con un área que luego se le fue quitada dando lugar a la presentación de una medida cautelar contra la resolución "cuyos alcances y consecuencias deben ser debidamente analizadas".

Según el documento oficial dado a conocer ayer, si la investigación confirma las anomalías y se detectan otro tipo de incumplimientos, "los Interventores deberán informar con precisión su gravedad económica y el impacto que ocasionan o han ocasionado sobre la gestión desarrollada, debiéndose aportar la totalidad de la información de base o papeles de trabajo respectivos".

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