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Acusaciones y críticas entre operadoras de cable y telefónicas por un decreto del Gobierno

La decisión oficial de permitir que desde 2018 empresas de telefonía y de TV paga ofrezcan todos los servicios y compitan entre sí causó rechazo y críticas generalizadas

Acusaciones y críticas entre operadoras de cable y telefónicas por un decreto del Gobierno

El decreto del Gobierno que impulsa la ‘convergencia tecnológica’ para que las empresas de telefonía puedan ofrecer TV paga a partir de 2018 y las operadoras de cable brinden telefonía celular, generó un fuerte conflicto entre las empresas alcanzadas por la medida. En especial, entre Cablevisión y Telefónica que lanzaron fuertes críticas a la medida, advierten ser los perjudicados y se acusan mutuamente de salir favorecidos por el Gobierno.

Tanto la operadora de televisión por cable y de acceso a Internet del Grupo Clarín como la filial local del holding español de telecomunicaciones aseguran que el decreto no las beneficia y que, en cambio, favorece las posturas de su competidor.

Por caso, en Cablevisión aseguran que el decreto "beneficia principalmente a las telefónicas dominantes o incumbentes por varias razones". En este sentido, las fuentes de la operadora de TV paga señalan que sus competidoras logran anticipar un año su autorización para dar TV ya que pasa de enero de 2019 a enero de 2018. También que "por sus amenazas de judicialización sin sustento, ya lograron que pase todo el 2016 sin competencia en telefonía celular", un mercado que en la empresa sostiene se reparte en tres partes iguales de 33% cada una entre Telefónica, Claro y Personal. Esto lo consideran "algo inusual en el mundo", y sostienen que Nextel comenzará a competir con un 1% de market share. Y sin mencionar a Telefónica, sostienen que "mientras amenazan con el CIADI para intentar consolidar este statu-quo, levantaron el juicio que tenían contra la administración kirchnerista por la pesificación tarifaria".

Admiten que Nextel finalmente podrá usar las frecuencias que compró pero advierten que, proporcionalmente pagó más que las licitadas por el kirchnerismo, "teniendo en cuenta tipo de frecuencia y cobertura". Y anticipan también en Cablevisión que a Nextel le llevará otro año y medio y u$s 500 millones más instalar las antenas y cambiar todo el parque de celulares para empezar a dar servicio.

"En el el mejor de los casos, Nextel podrá empezar a dar 4G a mediados de 2018 cuando Telefónica puede comenzar a dar video a principios de ese año", se quejan, a la vez que se preguntan dónde está la desigualdad. Y se responden en que "la única desigualdad es a favor de Telefónica, que podrá ofrecer cuádruple play medio año antes que Cablevisión y que cualquier otra empresa de cable, contradiciendo todos los antecedentes internacionales, que le otorgan entre 5 y 10 años de ventaja a los cables frente a las telefónicas para equilibrar asimetrías". A modo de generalización, en Cablevisión también señalan que el decreto le permite a las telefónicas mantener "las enormes asimetrías que tienen frente a los restantes operadores como Cablevisión/Nextel. Mientras las telefónicas tienen el 30% del mercado de telecomunicaciones del país, Cablevisión/Nextel ronda el 6%". Según la empresa que preside Carlos Moltini, el decreto además otorga otros "beneficios notables" a las telefónicas.

"Pueden acceder a más espectro sin licitación cuando ni siquiera terminaron de cumplir las obligaciones de cobertura y servicio del que se licitó en 2014", agregan. Esto porque, según consideran, el decreto habilita al Estado a "darles el mismo espectro que compró Nextel, el de 2,5 Ghz, cuando esta última lo hizo a su riesgo, pagando más caro que en otros países y para intentar competir partiendo del 1% del mercado que tiene". Otro beneficio central que les otorga a las empresas de telecomunicaciones es el de tener 15 años de indemnidad para sus redes. "Esto es no tener que alquilarlas ni compartir su última milla con otros operadores nuevos o entrantes, mecanismo usual en el mundo para favorecer competencia. Se les protege una red pública que ellas heredaron de Entel y que deberían abrir a terceros como sucede en todos los países desarrollados. En tanto, desde Telefónica, voceros de la compañía consultados por este medio aseguraron sentir que una vez mas el Gobierno "demore la verdadera competencia en el sector". Y señalan que, por las declaraciones e información pública conocida hasta ahora, "se estarían creando mecanismos para la asignación de espectro radioeléctrico que se alejan de las prácticas recomendadas por organismos internacionales como la UIT y la OCDE".

Además, califican de lamentable los anuncios sobre la asignación de espectro al entender que "son el prólogo de otra situación compleja en los accesos móviles ya que se pretende el ingreso de competidores violando las más elementales reglas de igualdad ante la ley". Cuestionan la convergencia que pregona el Gobierno ya que advierten que "cada vez está más demorada". Y aseguran que "los parámetros con los que la está impulsando son subjetivos, siempre con el único fin de favorecer a un solo sector". Agregan que "los indicadores geográficos, poblacionales y tecnológicos para abrir la convergencia son sólo el paraguas para blindar la decisión de este Gobierno y generar una discriminación arbitraria".

Desde Telefónica sostienen que "la política de telecomunicaciones inexorablemente demorará las inversiones que son tan necesarias para el desarrollo de infraestructura que requiere el país". Y anticipan que Telefónica "se encuentra analizando las posibles acciones judiciales para proteger los derechos que este decreto estaría violentando".