En México existe una palabra que funciona como anestesia institucional: “aclarar”. Cuando aparecen inconsistencias en el uso del dinero público, la explicación oficial casi nunca habla de desvíos, negligencia o fallas estructurales. No. Se habla de montos por aclarar. Una expresión elegante, administrativa y profundamente tranquilizadora. Algo así como cuando el banco detecta un cargo extraño en la tarjeta y promete revisarlo… pero con la pequeña diferencia de que aquí no se trata de unos cuantos miles de pesos, sino de cientos de miles de millones.
De acuerdo con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se acumulan alrededor de 417 mil millones de pesos con irregularidades o pendientes de aclaración, de los cuales 59 mil millones corresponden al último año auditado. Dicho de otra forma: una cantidad de recursos públicos cuyo destino documental todavía necesita explicarse con mayor detalle.
Pero tranquilos. No se trata de corrupción. Se trata de aclaraciones.
Conviene hacer una pausa pedagógica, porque siempre aparece el argumento defensivo automático: “montos por aclarar no significa dinero robado”. Es cierto. Técnicamente no lo significa. Lo que sí significa es que el gobierno no ha podido demostrar con claridad cómo se ejercieron esos recursos. En el mundo de las finanzas públicas eso tiene un nombre bastante menos amable: debilidad en los controles del gasto.
Mientras se proclama la erradicación de la corrupción como bandera política, las auditorías públicas siguen detectando inconsistencias que obligan a iniciar procesos de revisión.
Para dimensionar la cifra, conviene hacer un pequeño ejercicio de imaginación presupuestaria. Los 417 mil millones de pesos equivalen aproximadamente al presupuesto anual de varias dependencias federales juntas, o a financiar durante años programas sociales completos. Pero aquí no estamos hablando de proyectos de desarrollo ni de inversión pública visible. Estamos hablando de dinero que, en términos contables, sigue transitando en una zona gris administrativa.
Una especie de limbo financiero.
Y en ese limbo aparece otra joya del lenguaje político mexicano: la narrativa moral del combate a la corrupción.
Durante años se sostuvo que el principal problema del país era un sistema político dominado por prácticas corruptas. La promesa era clara: la llamada Cuarta Transformación no sólo cambiaría las políticas públicas, sino también la ética del ejercicio gubernamental. Un nuevo paradigma donde la honestidad administrativa sería el sello distintivo del régimen.
La realidad contable, sin embargo, suele ser menos épica que el discurso.
Porque mientras se proclama la erradicación de la corrupción como bandera política, las auditorías públicas siguen detectando inconsistencias que obligan a iniciar procesos de revisión. Y eso sin entrar todavía en un fenómeno que ha recibido mucha menos atención institucional: el llamado huachicol fiscal, es decir, los esquemas de evasión o contrabando en combustibles que permiten evitar el pago de impuestos como el IEPS.
Diversas estimaciones privadas han sugerido que este fenómeno podría haber representado pérdidas cercanas a 600 mil millones de pesos en los últimos años. Si esa cifra fuera siquiera parcialmente correcta, el tamaño del problema sería difícil de ignorar.
Pero nuevamente, no hay que alarmarse demasiado. En México, cuando las cifras son incómodas siempre existe una salida narrativa: descalificar al mensajero, acusar conspiraciones o atribuir las críticas a intereses políticos.
Mientras tanto, las cuentas públicas siguen acumulando observaciones.
El problema de fondo no es exclusivamente un gobierno, ni un sexenio específico. El problema es estructural: México tiene instituciones de fiscalización que detectan irregularidades, pero un sistema político que rara vez logra traducir esas observaciones en consecuencias reales.
El resultado es una especie de ritual burocrático perfectamente conocido: la auditoría observa, el gobierno responde, se abre un proceso de aclaración, pasan los meses, cambian las prioridades políticas… y el tema termina diluyéndose en la memoria pública.
Así funciona la transparencia a la mexicana: con informes voluminosos, conferencias de prensa y una palabra mágica que lo resuelve todo. Aclarar.
El detalle incómodo es que, mientras las autoridades “aclaran”, el dinero público ya fue ejercido. Y el contribuyente —ese personaje silencioso que paga impuestos cada vez que compra gasolina, alimentos o servicios— difícilmente recibe una explicación comprensible sobre el destino final de esos recursos.
Quizá ese sea el verdadero problema de la política fiscal mexicana: no la falta de discursos sobre honestidad, sino la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Porque cuando se habla de cientos de miles de millones de pesos pendientes de aclaración, el debate ya no es ideológico. Es contable.
Y en contabilidad, como en la vida, hay algo que suele ser bastante simple: el dinero o está justificado… o no lo está.
*Es una opinión personal del autor que no refleja la postura de El Cronista México o sus dueños. El autor es director de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR México). Colaborador en Radio Colima en el Noticiero con Max Cortés: Datos con Valor. X e Instagram @Aivc2, TikTok @2aivc.
