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¿Esta minera normaliza la coexistencia operativa con grupos criminales en México?
La “licencia social” de una minera en México también incluye a los cárteles, al menos desde la óptica de un ejecutivo canadiense que esta semana habló con inusual franqueza frente a analistas financieros.
Durante la conferencia trimestral de Gold Resource Corporation, empresa minera con operaciones en México y en proceso de fusionarse con Gold Group Mining, el CEO Allen Palmiere describió como un “activo oculto” la capacidad del equipo mexicano de la compañía para mantener relaciones con gobiernos, comunidades… y organizaciones criminales.
“Uno de los activos ocultos de Gold Group es un equipo mexicano muy fuerte que ha trabajado durante muchos años manteniendo licencia social con el gobierno federal, gobiernos estatales, municipios, comunidades indígenas y los cárteles”, dijo el directivo durante la llamada.
La declaración surgió luego de que un inversionista expresó preocupación por la seguridad en Sonora, donde operan minas vinculadas a la fusión. El participante advirtió que la presión de Estados Unidos contra el narcotráfico podría llevar a los grupos criminales a buscar nuevas fuentes de ingresos en la minería.
Lejos de rechazar la premisa, Palmiere respondió que en Sonora “las relaciones con los cárteles están bien establecidas” y sostuvo que no ha habido interrupciones relevantes en operaciones mineras de la región por actividad criminal en los últimos años.
Este episodio revela cómo parte de la industria extractiva internacional observa la realidad mexicana: el crimen organizado no sólo como amenaza de seguridad, sino como actor territorial con el que se debe coexistir para garantizar continuidad operativa.
Cabe mencionar lo sucedido a principios de año, cuando en Concordia, Sinaloa, diez trabajadores de la también canadiense Vizla Silver Corp. fueron privados de la libertad en la zona serrana de El Verde. Rubén Rocha Moya, entonces gobernador en funciones (y ahora con licencia por acusaciones de EE.UU. de ser aliado de narcotráficantes), informó que que se desplegaron casi 1,200 efectivos de seguridad, a fin de reforzar la búsqueda de los diez mineros presuntamente secuestrados el 23 de enero y que luego fueron hallados muertos.
La frase de Palmiere, de Gold Group, también abre una serie de interrogantes para autoridades regulatorias y especialistas en cumplimiento corporativo: ¿Qué significa exactamente para una minera “mantener licencia social” con cárteles? ¿Son acuerdos tácitos de no agresión, pagos indirectos, intermediación de liderazgos locales o simplemente mecanismos de convivencia territorial? También queda la duda sobre qué tan frecuente es este tipo de lenguaje en conferencias con inversionistas de empresas extractivas y si organismos como la SEC en Estados Unidos o la CNBV en México consideran estas relaciones un riesgo material de compliance. En paralelo, expertos en regulación anticorrupción podrían cuestionar cómo encajan estas prácticas dentro de marcos como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) estadounidense o las disposiciones internacionales contra lavado de dinero y financiamiento criminal.
En el sector minero, el concepto de “licencia social” suele referirse a la aceptación informal de una comunidad hacia un proyecto extractivo. Tradicionalmente involucra diálogo con autoridades locales, ejidos o pueblos indígenas. Sin embargo, la declaración del CEO amplía esa noción hacia actores criminales que ejercen control territorial en distintas regiones del país.
La compañía defendió además a México como “una de las principales jurisdicciones mineras del mundo”, pese al contexto de violencia que afecta diversas zonas del norte y sur del país.
Gold Resource y Gold Group buscan consolidar una empresa enfocada principalmente en activos mineros mexicanos, incluyendo operaciones en Sonora y Oaxaca. La minera apuesta a elevar producción de oro y plata en medio del repunte de precios internacionales de los metales preciosos.
Pero la conferencia dejó una definición incómoda para inversionistas y autoridades: en algunas regiones de México, la estabilidad de una mina parece depender no sólo de permisos gubernamentales o acuerdos comunitarios, sino también de la relación que las empresas logren construir con grupos criminales.
Camino Rojo con permisos adicionales
Orla Mining recibió del gobierno mexicano los permisos ambientales y de uso de suelo que destraban la siguiente etapa de Camino Rojo, en Zacatecas, una autorización que marca el arranque formal de la transición del proyecto hacia minería subterránea y que podría duplicar la producción de oro de la compañía en México durante la próxima década.
La minera canadiense informó hace unos días que la autorización permitirá explotar el remanente del tajo de óxidos, avanzar hacia la zona norte cercana a concesiones de Fresnillo y comenzar la construcción de un túnel de exploración subterránea, considerado clave para el desarrollo del yacimiento de sulfuros.
“Es un paso crítico para optimizar la operación actual y avanzar hacia la siguiente fase de desarrollo del proyecto subterráneo de Camino Rojo”, dijo Jason Simpson, director general de Orla Mining.
La empresa presentó este año una evaluación económica preliminar (PEA) para la fase subterránea del proyecto, que prevé una producción superior a 220 mil onzas equivalentes de oro anuales durante los primeros 10 años de operación, prácticamente el doble de su producción actual en México.
El plan incluye el desarrollo de un túnel de exploración que comenzará a construirse en el tercer trimestre de este año y cuya conclusión está prevista para 2028. El consejo de administración aprobó además una inversión adicional de 20 millones de dólares para 2026.
Orla aseguró que podrá financiar tanto la expansión de Camino Rojo como el desarrollo de South Railroad, en Nevada, con flujo propio, impulsado por el rally del oro. La minera cerró el primer trimestre con u$s 427 millones en caja y liquidez total por 517 millones de dólares.
Durante el trimestre, la compañía vendió oro a un precio promedio realizado de 4,575 dólares por onza, en medio del repunte histórico del metal precioso.
La empresa también confirmó que ya comenzó el “pushback” hacia el norte del tajo, una expansión que acerca las operaciones a terrenos vinculados con Fresnillo, luego de obtener las autorizaciones regulatorias previstas para este año.
Además del frente operativo, Orla reconoció presión laboral derivada del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC. Simpson dijo que la compañía “toma muy seriamente” las observaciones derivadas del proceso laboral y afirmó que trabaja con autoridades mexicanas desde 2024 para reforzar protecciones laborales en Camino Rojo.
La minera implementa actualmente nueve iniciativas relacionadas con supervisión laboral y derechos de los trabajadores, en momentos en que la industria minera enfrenta mayor escrutinio sindical y regulatorio en México.
Tomate, berries y aguacate: los cultivos mexicanos que incomodan a Washington
Washington encontró un nuevo frente comercial con México, y esta vez el campo está en el centro de la disputa. Jitomate, berries y aguacate mexicanos incomodan política y económicamente en Estados Unidos, donde legisladores y productores agrícolas presionan para endurecer las reglas del comercio bilateral rumbo a la revisión del T-MEC prevista para 2026.
La señal más reciente vino esta semana desde la Cámara de Representantes estadounidense. Un grupo de legisladores pidió a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, tomar medidas frente a las importaciones mexicanas de specialty crops, categoría que incluye frutas y hortalizas de alto valor comercial. Y es que aseguran que las exportaciones mexicanas están desplazando a productores locales, especialmente en estados como Florida y Georgia.
El jitomate, berries y aguacate no son cultivos marginales para México. Juntos representan exportaciones por más de u$s 7,000 millones anuales, según datos del Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria Tecnificada y forman parte del corazón agroexportador mexicano abastece supermercados y cadenas de alimentos.
Para productores estadounidenses, especialmente en Florida, la competencia mexicana dejó de ser estacional y se volvió permanente. Grupos agrícolas llevan años denunciando una “avalancha” de importaciones que, aseguran, presiona precios y reduce márgenes para los agricultores locales.
