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La agencia calificadora Moody’s Ratings oficializó lo que los mercados venían anticipando: México perdió un escalón en su nota crediticia soberana, pasando de Baa2 a Baa3, la calificación más baja dentro del grado de inversión.
La decisión, anunciada el 21 de mayo de 2026, coloca al país a un solo paso de caer en territorio especulativo —lo que se conoce como bono basura— y enciende las alarmas sobre la salud fiscal de la tercera economía de América Latina.
Detrás del recorte hay tres grandes culpables: una deuda pública en escalada, un crecimiento económico raquítico y el peso muerto de Pemex, la petrolera estatal que consume miles de millones de dólares en rescates sin mostrar señales reales de recuperación.
La deuda que no para de crecer: de 39% a casi 50% del PIB en apenas tres años
Los números que acompañan la decisión de Moody’s son contundentes. La deuda bruta del gobierno federal pasó del 39.8% del PIB en 2023 al 46% en 2024 y alcanzó el 49.3% en 2025, un salto de casi diez puntos porcentuales en un período en que la mayoría de los países emergentes buscaban reducir su exposición fiscal tras la pandemia.
El déficit fiscal tampoco cede. La calificadora calculó que en 2025 se mantuvo cerca del 5% del PIB, apenas por debajo del 5.3% registrado un año antes, y proyecta que entre 2026 y 2027 los desequilibrios del gobierno federal y del sistema de seguridad social seguirán por encima del 4% del PIB.
La causa: un gasto rígido que no puede recortarse fácilmente, ingresos tributarios débiles y una base impositiva estrecha que no se ensanchó en años. Ante ese panorama, Moody’s redujo sus perspectivas de crecimiento para el país: estima que la economía mexicana avanzará menos del 1% en 2026 y solo el 1.3% en 2027.
Pemex, el agujero negro que Moody’s ya no puede ignorar: 35,000 millones de dólares en un año
Si hay un factor que la calificadora señaló con particular preocupación, ese es Petróleos Mexicanos. Moody’s estimó que el gobierno destinó alrededor de 35,000 millones de dólares en apoyos a la empresa durante 2025, lo que equivale al 1.9% del PIB, y que tiene presupuestados otros 14,000 millones de dólares para 2026.
Y lo más delicado: la agencia no observa una mejora material en las operaciones de la petrolera que justifique prever el fin de esos respaldos.
En palabras de la propia calificadora, “otras prioridades políticas, incluyendo la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, han debilitado los anclajes de la política fiscal”.
En la práctica, esto significa que cada peso que se inyecta en Pemex es un peso que no se destina a reducir el déficit ni a estabilizar la deuda. La situación de la empresa es crítica. Pemex acumula compromisos de pago con proveedores que fueron diferidos hasta 2033 por falta de liquidez, pese a los apoyos ya recibidos. Eso convierte a la petrolera no solo en una carga para el presupuesto actual, sino en una hipoteca sobre las finanzas públicas de la próxima década.
¿Qué sigue para México? Tres condiciones para no caer al “bono basura”
Moody’s acompañó la rebaja con un cambio de perspectiva: de negativa a estable. Eso significa que la agencia no anticipa otro recorte inmediato, siempre que el deterioro fiscal no se acelere más allá de lo previsto. El país conserva fortalezas reales: estabilidad macroeconómica, un banco central con autonomía reconocida, ausencia de desequilibrios externos severos y acceso preferencial al mercado de Estados Unidos.
Pero para no seguir cayendo, Moody’s dejó claras las condiciones:
- Reducir el déficit fiscal de forma sostenida y creíble.
- Estabilizar —y eventualmente bajar— la trayectoria de la deuda pública.
- Reducir la dependencia del presupuesto respecto a los apoyos recurrentes a Pemex.
- Dar más claridad sobre la capacidad del gobierno para controlar el gasto.
Si alguna de esas condiciones se deteriora más allá de lo estimado, o si el crecimiento económico se mantiene deprimido durante un período prolongado, Moody’s podría volver a actuar.
Una nueva baja llevaría a México al grado especulativo, con consecuencias concretas: mayor costo de financiamiento para el gobierno, posible salida de inversores institucionales que tienen restricciones para mantener deuda sub-investment grade y mayor presión sobre el tipo de cambio.
