El Nacional Monte de Piedad aceptó la propuesta del Gobierno mexicano para destrabar el conflicto laboral que mantiene a la institución en huelga desde hace siete meses, en un movimiento que podría abrir la puerta a una resolución negociada.
La alternativa fue planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el pasado 2 de mayo y contempla una mayor participación de los trabajadores en la definición del futuro de la entidad y de sus fuentes de empleo.
De acuerdo con un comunicado, la institución considera que el mecanismo ofrece una salida “legal y ordenada”, pero con el objetivo de que sean los propios empleados quienes participen activamente en la resolución del conflicto.
“La institución acepta el dictamen de la autoridad como una vía para resolver el conflicto de manera legal, ordenada y con plena participación de las y los trabajadores”, señaló Aldo Emmanuel Torres Villa, vocero de Monte de Piedad.
La intervención del gobierno se generó luego de que el pasado 26 de marzo, el Monte de Piedad solicitó a las autoridades un proceso de arbitraje.
En conferencia con medios de comunicación, directivos de la institución de asistencia pidieron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que emitan una resolución obligatoria que permita dar una salida “pronta y justa” al conflicto.
El conflicto laboral, que ha generado incertidumbre sobre la continuidad operativa de la institución, podría encaminarse hacia una salida institucional si el proceso es validado por las autoridades laborales, incluyendo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
En el documento, el Monte de Piedad dijo que confía en que las autoridades elaborarán un dictamen “integral y equilibrado”, que atienda los puntos de fondo y garantice una solución viable tanto para los trabajadores como para los usuarios.
Previamente, el 20 de febrero de este año, un juez federal declaró inexistente la huelga al considerar que el sindicato no cumplió con sus propios estatutos; sin embargo, la representación sindical interpuso un recurso de revisión que podría prolongar el litigio entre tres y seis meses.