Al cierre del cuarto trimestre del año anterior, la inversión total representó 22.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un dato que resulta insuficiente en comparación con la meta del think-tank México, ¿cómo vamos?, establecida en 24%, y está lejos del propio Plan México.

De acuerdo con el organismo, la inversión del cuarto trimestre del año pasado fue la más baja para un periodo similar desde 2022, año en el que concluyó el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

El estudio refiere que en su interior, 19.5% del PIB proviene de la inversión privada, desde 18.8% en el 3T2025.

“La inversión privada es el principal motor de formación de capital, por lo que fortalecer la certeza jurídica es fundamental para evitar que se desincentive”, mencionó el organismo no gubernamental.

En sentido contrario, la inversión pública se ha desacelerado, pues al cierre del año anterior fue de 3.4% del PIB, mientras que en el cuarto trimestre de 2024, el número se ubicó en 4.1%.

Lejos de la meta

El organismo recordó que la Meta 2 del Plan México busca que la inversión se mantenga por encima de 25% del PIB a partir de este año, y superar 28% en 2030.

El cumplimiento de estos objetivos, de acuerdo con el programa, permitiría crear 1.5 millones de empleos adicionales en manufactura.

“Sin embargo, la inversión cayó de 24.4% a 22.9% del PIB entre el 4T2024 y el 4T2025. Además, 86% de la inversión en México proviene del sector privado, pero en 2025 esta se contrajo 1.7% anual y 51% de los encuestados por el Banco de México considera que el clima de negocios en los próximos seis meses permanecerá igual”, advierte el análisis de México, ¿cómo vamos?.

El factor determinante que está frenando la inversión en México es la certeza jurídica. Para acelerar la inversión la presidenta presentó recientemente la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo del Bienestar, cuyo objetivo es impulsar la inversión en infraestructura crítica mediante la implementación de mecanismos de inversión mixta, es decir, con participación tanto pública como privada.

Destacó el apetito de los inversionistas en el sector energético; mientras los proyectos 100% privados de energía renovable atrajeron 15 participantes, los esquemas con 54% de participación de CFE despertaron el interés de más de 300 inversionistas.

Un segundo reto es que se pueda invertir sin comprometer las finanzas públicas, señaló la ONG.

El Proyecto de Egresos de la Federación 2026, estipula un gasto de 2.5% del PIB en infraestructura y el Plan de Inversión en infraestructura para el desarrollo con bienestar suma 2.0% adicional.

Sin embargo, se cuenta con una recaudación de apenas 18.3% del PIB, por debajo del promedio de la OCDE y de países comparables como Costa Rica, Colombia y Chile.

“Condicionar el dinamismo de la inversión privada a los recursos públicos no debería ser la estrategia central para impulsar la inversión en México, en especial en el sector energético”, advierte.