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Autoridades de México y Estados Unidos reforzaron acciones para desmantelar una red de fraude y lavado de dinero, que utiliza tiempos compartidos para este fin, de venta en Jalisco y Nayarit, donde el grupo que recibe el dinero al final es, presuntamente, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) designaron a 24 personas, cinco físicas y 19 morales, por su presunta participación en un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos” con vínculos a ese organismo delincuencial.
De manera complementaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete sujetos adicionales: seis personas físicas y una persona moral, vinculadas al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
La acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.
¿Qué encontraron?
En el ámbito nacional, el brazo de inteligencia financiera de Hacienda hizo análisis financieros, fiscales y corporativos que apuntan a la llegada de flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, instrumentos de inversión, consumos significativos mediante tarjetas de servicio y acciones en varias empresas que fueron creadas en el Occidente del país.
Hacienda señaló que la ampliación de medidas restrictivas, tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional, fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.
Hacienda también presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, por los delitos de comisión de operaciones de procedencia ilícita.
La SHCP, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
