Fuente: Archivo
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El SAT y su Código Fiscal de la Federación levantaron una fuerte polémica luego de que se conociera que el Gobierno Nacional busca hacer un cambio constitucional desde el reglamento para tener mayor control y acceso en línea y permanente a las plataformas digitales de los mexicanos.
El Servicio de Administración Tributaria, SAT, busca tener ahora un acceso completo y en línea de las transacciones digitales de los usuarios; sin embargo, la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, rechaza la medida y asegura que este cambio en Código Fiscal de la Federación vulnera la privacidad de los mexicanos y remarca, además, que las transacciones digitales ya están siendo trazadas y vigiladas.
ALAI fue enfática al señalar que "la medida es inconstitucional y desproporcionada, pues habilitaría un acceso irrestricto a información de usuarios sin delimitación clara, vulnerando la privacidad, los datos personales y el debido proceso".
El organismo internacioanl recordó en su comunicado que no existen precedentes en democracias consolidadas de una regulación que otorgue al gobierno acceso directo y en tiempo real a bases de datos privadas, lo que consideran un riesgo sin precedentes.
¿Qué dice exactamente la ALAI sobre la propuesta?
La Asociación destacó que la propuesta de crear un artículo 30-B en el Código Fiscal plantea riesgos constitucionales, legales y prácticos. "Amenaza los derechos humanos en México, principalmente la privacidad", afirmó en su comunicado oficial.
Para la ALAI, el esquema es innecesario porque "las transacciones digitales ya están trazadas a través del sistema financiero". En su visión, otorgar acceso irrestricto al SAT representaría un atentado directo contra la confianza y la ciberseguridad.
Riesgos de bloqueo y censura de plataformas digitales
La iniciativa contempla la posibilidad de suspender o bloquear el acceso a plataformas que no otorguen este acceso. ALAI calificó esta facultad como "una medida desproporcionada que afectaría derechos de millones de usuarios".
El comunicado advierte que el bloqueo de plataformas constituiría un mecanismo de censura y transgresión al derecho a la libertad de expresión. "Esta medida ya fue desestimada por el Congreso y rechazada incluso por la Presidencia", recordó el organismo.
El llamado al diálogo y a soluciones equilibradas
Pese a su rechazo, la ALAI reconoció la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal y se mostró abierta a colaborar en la construcción de marcos normativos que promuevan innovación sin vulnerar derechos.
"Es indispensable abrir un proceso de diálogo técnico y consulta pública", subrayó el organismo. La meta, afirman, es encontrar soluciones equilibradas que garanticen la recaudación tributaria sin comprometer la privacidad, la seguridad digital ni la confianza.
