ÚLTIMO AVISO | El SAT impondrá multas a jubilados y pensionados por incumplir con estos trámites obligatorios

En el año 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido directrices precisas que deben ser cumplidas por todos los sectores de la población, incluidos los jubilados y pensionados en México. 

El incumplimiento de estos trámites obligatorios puede resultar en sanciones impuestas por las autoridades, las cuales se aplican a quienes no cumplan con las obligaciones fiscales correspondientes, según el régimen tributario en el que se encuentren registrados.

Desde el organismo se señala que las sanciones pueden oscilar desde multas económicas hasta auditorías que podrían culminar en embargos. Esta situación resalta la necesidad de que los adultos mayores mantengan actualizados sus trámites. Aquellos que no cumplan con estas obligaciones fiscales durante el presente año estarán sujetos a sanciones impuestas por el fisco.

Con el propósito de aclarar cualquier inquietud que puedan tener los beneficiarios de pensiones o jubilaciones, ya sea por antigüedad, edad o motivos de salud, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha publicado una Guía para Personas Jubiladas y Pensionadas. Esta guía tiene como objetivo proporcionar información clara sobre los trámites obligatorios ante el SAT.

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¿En qué situaciones puede el SAT imponerme una multa?

En México, aunque los pensionados y jubilados generalmente no están obligados a pagar impuestos, es imperativo que cumplan con ciertos trámites obligatorios para evitar posibles sanciones impuestas por el SAT.

De acuerdo con la Prodecon, los individuos que se encuentran en el régimen de sueldos y salarios o que reciben ingresos asimilados tienen la obligación de proporcionar la información necesaria para que las retenciones se efectúen conforme a lo estipulado por la ley.

Los siguientes son los casos en los que es necesario presentar la declaración anual:

• Reciben ingresos adicionales a sueldos y salarios.
• Han notificado por escrito al retenedor su intención de realizar la declaración.
• Tienen ingresos provenientes de más de un empleador.
• Reciben ingresos del extranjero.
• Sus ingresos anuales superan los 400,000 pesos.

¿Quiénes no están obligados a presentar la declaración anual ante el SAT?

La Prodecon ha emitido una guía destinada a las personas de la tercera edad, la cual establece que aquellos individuos que perciben ingresos de un único empleador, no superiores a 400,000 pesos anuales y que no laboran para múltiples fuentes simultáneamente, están exentos de presentar la declaración anual.

Por otro lado, los pensionados y jubilados deben adherirse a lo estipulado en el artículo 150 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). En particular, si sus ingresos totales superan los 500,000 pesos, tienen la obligación de reportar todos sus ingresos, incluyendo aquellos que no están sujetos al pago de ISR o que ya hayan sido objeto de impuestos definitivos.

Entre las excepciones a la obligación de presentar la declaración anual se encuentran aquellos que perciben sueldos, salarios e intereses que no superen los 400,000 pesos, siempre que los intereses reales no excedan los 100,000 pesos.

Asimismo, la Prodecon subraya la relevancia de declarar adecuadamente ciertos ingresos, tales como:

• Premios, préstamos y donativos que superen los 600,000 pesos.
• Herencias, legados o la venta de una propiedad que exceda los 500,000 pesos.
• Viáticos que superen los 500,000 pesos y que representen más del 10% de los sueldos recibidos.

¿Cuáles son las consecuencias de no declarar tus ingresos?

El SAT podría imponer sanciones a los pensionados y jubilados que no cumplan con los trámites obligatorios establecidos en esta guía de 2024. Aunque las pensiones no están sujetas a gravamen, los ingresos mencionados anteriormente deberán cumplir con el pago de impuestos para evitar futuros inconvenientes.

No declarar estos ingresos podría acarrear problemas fiscales, ya que las autoridades podrían interpretarlos como ingresos no reportados. Esta situación obligaría al contribuyente a abonar el ISR correspondiente y lo expondría a un proceso por discrepancia fiscal.