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La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum promete cambiar las reglas del juego en la obra pública: un modelo que abre la puerta al capital privado, permite contratos de hasta cuatro décadas y flexibiliza el uso del presupuesto para acelerar proyectos estratégicos en todo el país.
El giro total: así busca el gobierno cambiar la forma de construir en México
La iniciativa propone dejar atrás el esquema tradicional donde primero se asigna el dinero y luego se ejecutan las obras. En su lugar, plantea un modelo más dinámico en el que el desarrollo de infraestructura se convierte en prioridad desde el inicio, incluso antes de contar con todos los recursos disponibles. A través de esquemas de inversión mixta, el Estado podrá asociarse con empresas y actores sociales para financiar, diseñar, construir y operar proyectos, compartiendo tanto los riesgos como las ganancias. Esto amplía significativamente el margen de acción frente a los mecanismos actuales.
Contratos de hasta 40 años y más poder para arrancar obras sin presupuesto completo
Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de firmar contratos de largo plazo —de entre 4 y hasta 40 años—, lo que daría continuidad a grandes proyectos más allá de los cambios de gobierno. Además, la reforma plantea modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para permitir que proyectos prioritarios puedan iniciar su proceso de contratación sin tener garantizado todo el presupuesto desde el inicio. Este cambio rompe con la lógica actual del gasto público y abre la puerta a acelerar obras estratégicas, aunque también genera debate sobre los riesgos fiscales a futuro.
El nuevo negocio de la infraestructura: así funcionarán los vehículos financieros
La propuesta también introduce los llamados Vehículos de Propósito Específico, estructuras diseñadas exclusivamente para financiar proyectos de infraestructura.
Estos instrumentos podrán operar como fideicomisos o sociedades y tendrán la capacidad de emitir deuda o certificados en los mercados financieros. Con ello, el gobierno busca atraer inversión privada a gran escala y reducir la presión sobre el gasto público directo. Además, permitirá que estados y municipios participen en estos esquemas, fortaleciendo la coordinación y ampliando las fuentes de financiamiento para obras clave.
