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La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a Donald Trump para reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos a los de su origen.

La decisión representa un giro clave en la política migratoria del país, revirtiendo una orden judicial previa que obligaba a ofrecer una vía de apelación a los migrantes afectados.

El caso generó controversia tras la deportación de ocho personas, incluida una de México, a Sudán del Sur.

La medida habilita deportaciones sin derecho a apelación, incluso hacia países sin vínculo con el migrante. Fuente: Shutterstock.
La medida habilita deportaciones sin derecho a apelación, incluso hacia países sin vínculo con el migrante. Fuente: Shutterstock.

¿Qué autorizó exactamente la Corte Suprema?

El fallo del máximo tribunal permite a Estados Unidos aplicar deportaciones rápidas sin necesidad de enviar a los migrantes a sus países de origen.

Esto ocurrió luego de que funcionarios de inmigración trasladaran en mayo a ocho personas -procedentes de naciones como Myanmar, Vietnam, Cuba y México- a Sudán del Sur, un país con el que no tenían vínculos directos.

La acción fue criticada por violar una orden previa del juez federal Brian Murphy, quien consideró que estas personas debían tener la oportunidad de apelar sus expulsiones.

Sin embargo, la Corte Suprema suspendió temporalmente esa orden, facilitando así la continuidad de las deportaciones expeditas a terceros países.

¿Por qué se deporta a personas a países que no son los suyos?

Según el gobierno, muchas de estas personas fueron condenadas por delitos graves en Estados Unidos y sus países de origen se negaron a recibirlas o demoraron el proceso de repatriación. Como solución alternativa, se utilizaron acuerdos logísticos con bases militares, como una en Yibuti, para ejecutar las deportaciones.

Entre los expulsados a Sudán del Sur había migrantes de Cuba, México y Asia. Fuente: archivo.
Entre los expulsados a Sudán del Sur había migrantes de Cuba, México y Asia. Fuente: archivo.

El caso puso bajo la lupa la legalidad y la ética de enviar migrantes a territorios con los que no guardan ningún vínculo cultural, familiar o político, aumentando la presión sobre los tribunales y defensores de derechos humanos.