Fuente: shutterstock
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Una compleja red binacional de contrabando de hidrocarburos operó durante años entre México y Estados Unidos, movilizando más de 130 millones de litros de crudo robado.
La operación, financiada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), involucró a empresarios mexicanos y a una familia estadounidense con antecedentes penales.
Red de contrabando de crudo vincula a empresas fachada mexicanas, una aduana militarizada y una firma texana ligada al CJNG
Entre 2022 y 2024, tres compañías mexicanas sin antecedentes en el sector energético -Comexperts,Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax- exportaron más de 130 millones de litros de crudo a través de la aduana de Piedras Negras, Coahuila.
El destino final fue Maxim Crude Oil, una empresa con sede en Texas propiedad de la familia Jensen, que recibió los embarques etiquetados como "desechos de aceite de petróleo", una clasificación que permitió eludir controles más estrictos por parte de las autoridades estadounidenses.
Las empresas mexicanas involucradas, todas registradas en San Pedro Garza García, Nuevo León, ya habían sido suspendidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por incumplimientos fiscales, y dos de ellas incluso comparten domicilio en una torre corporativa del exclusivo sector Valle del Campestre, lo que alimenta las sospechas de que se trata de un esquema coordinado de compañías fachada.
El caso toma mayor gravedad por los antecedentes de James Jensen, dueño de Maxim Crude Oil, quien fue demandado por Pemex en 2011 por adquirir y revender condensado robado por grupos del crimen organizado, aunque la demanda fue desechada por falta de pruebas.
En 2024, su historial delictivo resurgió cuando él y su esposa, Kelly Anne Jensen, fueron detenidos en Utah, acusados de contrabando, lavado de dinero y financiamiento al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la fiscalía, la pareja habría introducido más de 2,800 cargamentos ilegales de crudo a territorio estadounidense utilizando facturación falsa. El transporte de la mercancía se realizó a través de 180 vagones tipo pipa, arrendados por Maxim Crude Oil al First-Citizens Bank & Trust Company, entidad que más tarde los demandó por incumplimiento de contrato.
Un elemento clave que genera sospechas de encubrimiento institucional es que todas estas operaciones se concretaron mientras la aduana de Piedras Negras estaba bajo control militar. Entre 2022 y 2024, su administración estuvo a cargo de tenientes coroneles del Ejército de México, lo que plantea interrogantes sobre el posible involucramiento o negligencia de autoridades castrenses en la red de contrabando energético.
Investigaciones abiertas en ambos países
Actualmente, tanto México como Estados Unidos mantienen investigaciones abiertas sobre este esquema transnacional de huachicol fiscal. Aunque aún no se vinculó formalmente a los empresarios mexicanos con grupos del crimen organizado, el caso ya se analiza bajo los cargos de lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos y financiamiento al narcotráfico.
Los más de 47 millones de dólares generados por la venta del crudo en territorio estadounidense aún no tienen un destino claro, pero las autoridades sospechan que parte de esos recursos habrían terminado en manos del CJNG, lo que refuerza la hipótesis de una red empresarial y criminal integrada a nivel continental.
