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Una coalición de 19 estados encabezada por California, presentó este viernes una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por la política de cobrar 100.000 dólares por cada nuevo visado H-1B, que solicitan los empleados extranjeros para trabajar en Estados Unidos.

El importe para este visado “constituye una clara violación de la ley porque impone una tarifa exorbitante que excede los límites autorizados por el Congreso y es contraria a la intención del Congreso al establecer el programa H-1B, elude los procedimientos reglamentarios requeridos y excede la autoridad otorgada al poder ejecutivo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)”, alegó en un comunicado Fiscal General de California, Rob Bonta.

Esta cantidad de dinero que deben asumir los extranjeros para trabajar en EE.UU. “crea cargas de trabajo innecesarias e ilegales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores clave”, agregó el texto.

Por qué Trump cobra 100,000 dólares a extranjeros para trabajar en USA

El pasado septiembre, Trump anunció la imposición de una tarifa de 100.000 dólares en el programa de visado H-1B, que permite a los empleadores solicitar la contratación de trabajadores extranjeros altamente cualificados para ocupar temporalmente puestos en ocupaciones especializadas que requieren al menos una licenciatura.

Demandan a Trump por imponer una tarifa de 100.000 dólares a visados H-1B
Demandan a Trump por imponer una tarifa de 100.000 dólares a visados H-1B

El mandatario republicano argumentó que este tipo de visado ha sido “explotado deliberadamente” para reemplazar, en vez de complementar, a trabajadores estadounidenses “con mano de obra peor pagada y menor cualificada”.

El anuncio de este desorbitado precio ha generado gran inquietud entre los trabajadores foráneos y empresas del sector tecnológico, que son las que más emplean este tipo de permisos en EE.UU.

Se estima, de hecho, que más del 70% de los permisos H-1B en vigor están en manos de ciudadanos de la India, cuyo Gobierno y patronales han dado la voz de alarma a raíz de las restricciones.

Bonta y la Fiscal General de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, encabezan a los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Míchigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin en la presentación de la demanda.

Fuente: EFE