Islandia, el mejor lugar para ser una mujer trabajadora

Es oficial: Islandia lleva el título del mejor lugar en el mundo para ser una mujer trabajadora. Por noveno año consecutivo, el país encabeza la encuesta del Foro Económico Mundial (FEM) para la igualdad de género. De 144 países, lidera el ranking en empoderamiento político de la mujer, cuotas corporativas y cierre de la brecha salarial.

"Estoy orgullosa de mi país", dice Fríða Rós Valdimarsdóttir, presidenta de la Asociación Islandesa de los Derechos de las Mujeres. Actualmente el 79,4% de las islandesas trabaja, convirtiéndolo en uno de los países con mayor inserción laboral. Gracias a los cupos femeninos obligatorios, casi la mitad de los miembros de directorios corporativos son mujeres, mientras que también representan el 67% de los graduados universitarios. Su parlamento es además el de mayor igualdad de género en el mundo entre los países sin un sistema de cuotas. Incluso después de una caída en el porcentaje el pasado octubre, las mujeres aún constituyen el 38.6% de los miembros del parlamento.

 Pero alcanzar el título no fue fácil. El trayecto comenzó en 1975 cuando en la primera protesta de mujeres del país, el 90% de las islandesas abandonaron sus puestos de trabajos y se negaron a realizar tareas domésticas. Considerado un momento decisivo en la lucha por la igualdad de género, dicha huelga condujo a la primera presidenta democráticamente electa del mundo, Vigdis Finnbogadottir, madre soltera y divorciada. Rakel Sveinsdóttir, CEO de una empresa de medios que por entonces tenía 10 años, lo recuerda vívidamente: "Podía sentir en el aire que algo importante estaba ocurriendo. Recuerdo la sensación de estar rodeada de mujeres y saber que estaban luchando por algo".

Una de las principales claves del modelo islandés radica en otorgar un permiso parental de nueve meses, tres meses de licencia remunerada e intransferible a cada padre y tres meses adicionales para distribuir a su conveniencia. Esta pieza de ingeniería social ha tenido un profundo impacto en hombres y mujeres, eliminando la llamada penalidad por maternidad. Aprobada en el año 2000, el país nórdico se convirtió en el único país que ofrece una licencia de estas características. Al respecto, Þorsteinn Víglundsson, ex Ministro de Igualdad y Asuntos Sociales y padre de 3 hijas, dijo: "Es el beneficio básico que tenes que ofrecer para la inserción de las mujeres en el mercado laboral". 

A pesar de los beneficios que el país garantiza a las mujeres, la igualdad salarial permanece como uno de los principales focos de desigualdad. Actualmente, el salario promedio de la mujer corresponde al 72.5% del hombre. Insatisfecha con la brecha salarial, en 2016 Valdimarsdóttir dejó su puesto exactamente a las 2:38 p.m. y se dirigió a la plaza principal de Reikiavik, donde multitudes de mujeres se manifestaban. De acuerdo con uniones de trabajadores y organizaciones de los derechos de las mujeres, en ese horario, aproximadamente dos horas y media antes del final de la jornada laboral, es a partir de cuándo las mujeres dejan de percibir su remuneración. 

Al respecto, Valdimarsdóttir, quien además es una de las principales organizadoras de la marcha dice: "Como lo hemos hecho en otras oportunidades, las mujeres saben que funciona, saben que nos escuchan. No podemos tener una sociedad funcional sin mujeres y eso es un hecho". 

Además, si bien el país cuenta con una ley que establece igual remuneración por igual tarea desde la década del 60, de acuerdo con el gobierno las mujeres todavía ganan entre un 16% menos que los hombres.

Ante esta realidad, Islandia inauguró el año convirtiéndose en el primer país del mundo en introducir una ley que obligue a los empleadores a obtener un certificado que demuestre sus políticas de igualdad salarial. Su objetivo es hacer cumplir la legislación vigente que prohíbe las prácticas discriminatorias basadas en el género. De esta manera, el país que se comprometió a erradicar la brecha salarial de género para el 2022 toma un paso decisivo para lograrlo.  

"A menudo me preguntan cómo justifica usted interferir con las empresas de esta manera. Y digo ¿por qué no haría algo al respecto? El gobierno está dispuesto a regular cosas como la presentación de informes financieros, la declaración de impuestos, normas ambientales, todo tipo de cosas ¿por qué no habríamos de hacerlo con igualdad de género?" expresó Víglundsson, impulsor de la normativa. 

Aún con esta disparidad la isla está dentro del top 10 mundial en igualdad salarial. Según datos del FEM, desde la primera edición del Índice en 2006 Islandia ha cerrado aproximadamente el 10% de su brecha, convirtiéndose así en uno de los países con mayor rapidez en lograrlo. 

Pero liderar rankings internacionales no satisface a los islandeses, convencidos que aún tienen desafíos por delante. En el país todavía persiste la segregación laboral, evidente en casos como que las mujeres constituyen menos del 13% de la fuerza policial. Además, solo el 11% de los CEO son mujeres y solo representan alrededor del 30% de los expertos entrevistados en los medios de comunicación. 

Sveinsdóttir, quien también es presidenta de la Asociación Islandesa de Mujeres Líderes Empresarias, hace eco de este pensamiento: "Ser el número uno no significa que todavía no haya cosas para mejorar. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas buenas, pero aún tenemos asuntos pendientes". 

Certificado de igual remuneración

La ley de certificado de igual remuneración (en inglés: Equal Pay Certification) en vigencia a partir del 1° de enero del 2018, establece que todas las empresas e instituciones que anualmente empleen a 25 o más trabajadores, deberán obtener un certificado de igual remuneración ante igual tarea, que será evaluado por un ente regulador externo. La ley se aplica a unos 1.180 empleadores y 147.000 empleados, lo que representa alrededor del 80% de los que están activos en el mercado laboral. La fecha límite para completar el proceso de certificación varía de acuerdo con el tamaño de la empresa, pero todas las instituciones deberán haberlo obtenido antes del 2021. Además, aquellas instituciones que no se adecuen a la normativa se enfrentaran a multas de hasta 500 dólares por día. Asimismo, se estableció que las empresas deberán someterle a un monitoreo cada 3 años para renovar el certificado.