Paritarias, reforma y sindicatos en la agenda 2018 de los abogados laboralistas

La pauta del 15% fijada por el Gobierno marca el ritmo de las negociaciones. Empiezan a asomar las discusiones por las condiciones de trabajo. En el plano individual, el ausentismo es uno de los grandes dolores de cabeza. La reforma laboral, en pedacitos.

Con subas que rondan el 15%, la primera ronda de paritarias del año dejó un balance estimulante entre los laboralistas corporativos.

En el marco de las negociaciones, la tendencia general fue establecer un incremento que ronde la pauta marcada por el Gobierno en dos o tres cuotas; acordar una cláusula de revisión para principios del año que viene, y un plus reflejado en un bono no remunerativo o en un adicional por título, zona riesgosa, o reencasillamiento de categorías, resume Mercedes Balado Bevilaqua, titular de MBB Abogados.

"Uno podría esperar que, especialmente luego de la firma del acuerdo de Comercio, se acelere el ritmo de firma de otros acuerdos en iguales o similares valores", razona Ignacio Funes de Rioja, socio de Funes de Rioja & Asociados, y agrega que la cláusula de revisión parece ser aceptada por todas las partes, en la mayoría de las negociaciones.

Es probable que, como ocurrió años anteriores, algunas actividades establezcan acuerdos por períodos trimestrales o semestrales, de manera de "monitorear el avance de la inflación sin tener que recurrir a cláusulas de revisión", aporta José Zabala, socio de Adrogué, Marqués, Zabala Asoc. "En otros casos, se procurará completar lo acordado con alguna suma no remunerativa que aminore el costo contributivo del acuerdo", anticipa.

Por otra parte, Zabala considera que la cláusula gatillo tendrá una resistencia mayor a la del año pasado, pues "la aplicación del incremento en forma automática impidió que la revisión de los aumentos pactados pudiera analizarse a la luz de la realidad de la actividad en el momento de ser aplicada, y también, limitó la posibilidad de establecer otras formas de compensación distintas del incremento directo sobre básicos".

Enrique Betemps, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, explica que, a diferencia de las cláusulas "gatillo" que se disparan automáticamente en caso de que la inflación supere el incremento acordado, las de revisión "solo importan la apertura de una negociación y no suponen automáticamente incrementos salariales".

Desde Baker & McKenzie, Carlos Dodds entiende que el techo fijado por el Gobierno busca "controlar la inflación a través de los salarios" y destaca que "ha logrado imponer sus condiciones en una gran cantidad de negociaciones colectivas, logrando cerrar acuerdos".

Marcelo Pérez, socio del estudio Bulló, destaca que hay distintos ámbitos de negociación que van en forma paralela y que se están verificando en la dinámica paritaria de estos días.

El primero, y probablemente el principal, es la negociación de los aumentos salariales propiamente dichos. El Gobierno quiere un 15%. Los gremios, un 20%. "A fin de que ambas partes satisfagan sus necesidades porcentuales, se está recurriendo a instrumentos habituales en la materia como ser la incorporación de cuotas, de pagos extraordinarios por única vez, pagar el presentismo o la antigüedad, o el adelantamiento de la vigencia de los acuerdos", ejemplifica Pérez.

El segundo marco de negociación es la decisión del Ejecutivo de no incluir la mencionada cláusula gatillo. "Es ahora entendido como un generador de expectativas inflaciones, (y) está siendo insistentemente puesto sobre la mesa por los gremios", dice el socio del estudio Bulló.

ProductividadMás allá de lo estrictamente salarial, el tercer marco de negociación, "probablemente el más novedoso y productivo a mediano y largo plazo", está en la introducción de cláusulas direccionadas a la "adecuación de ciertas condiciones de trabajo al actual contexto de realización de tareas".

 

Julio Caballero, name partner de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno, reconoce como regla general el tratamiento "casi con exclusividad, (de) la problemática salarial", salvo en aquellos sectores que tengan problemas estructurales de competitividad o productividad en los que "se han establecido mesas tripartitas orientadas a abordar una agenda que comprende aspectos de organización del trabajo y mejoras de productividad".

Así, por ejemplo, la explotación no convencional de shale gas en Vaca Muerta o la industria automotriz, apunta. "Fuera de estos casos, la problemática de la organización del trabajo y las mejoras de productividad (incluyendo adicionales retributivos destinados a estimularla) se negocian en las empresas de mayores dimensiones, a nivel de empresa o establecimiento", redondea.

Algunos acuerdos, celebra Funes de Rioja, empiezan a "atender aspectos clave para mejorar" la productividad y la competitividad. "Es muy saludable, oportuna y necesaria la incorporación de estos temas en la negociación", dice.

Para Natalia de Diego, socia de De Diego & Asociados Abogados, "la preocupación de los empresarios por las dificultades para controlar la inflación, los altos costos laborales y la apertura de la importaciones hizo que nuevamente en la agenda de los ejecutivos se vean análisis de reestructuraciones, cierres parciales o totales de fábricas, mudanza de instalaciones y replanteos de los negocios en general".

En este contexto, "las manifestaciones generales y la conflictividad sindical en alza, conflictos de encuadramiento disputándose la representatividad para lograr más poder con la afiliación de nuevos miembros, ponen en jaque la crisis de liderazgo sindical", analiza.

En coincidencia, Zabala comparte que el empresariado espera con ansias la futura y preanunciada reforma laboral. Ahora bien: según se desprende del mensaje del propio Poder Ejecutivo, si bien los capítulos sobre blanqueo y sobre capacitación serán objeto de proyectos a ser elevados al Congreso de la Nación para su tratamiento en el plazo próximo, "no existe claridad sobre lo que sucederá con otros capítulos incluidos en el proyecto de reforma, cuya importancia fue reiteradamente resaltada por el sector empleador: limitación de responsabilidad en contrataciones y subcontrataciones, revisión del principio de irrenunciabilidad, no remuneratividad temporal de asignaciones convencionales", enumera el socio de Adrogué, Marqués, Zabala Asoc.

También Dodds remarca que el sector privado espera cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, principalmente que impliquen una reducción en los costos laborales.

Y es que, de acuerdo a lo que acota Balado Bevilacqua: "La Argentina es el país de América latina con los costos laborales más elevados, lo cual dificulta no solo las posibilidades de inversiones externas, sino también el crecimiento de las empresas ya existentes y la regularización de trabajadores informales".

De a unoMás allá del escenario colectivo, los problemas más frecuentes en lo que refiere a situaciones individuales pasan por el ausentismo, especialmente en lo relativo a las licencias por enfermedad y a las divergencias que se suscitan entre las recomendaciones del médico del trabajador y el de la empresa, señala Caballero.

 

A eso se le suman los reclamos de discriminación por razones de salud, de actividad sindical y planteos judiciales de reinstalación en caso de terminación de los contratos de trabajo.

"Las disputas vinculadas a la calificación -como remuneración o no- de determinados beneficios (celular, cochera, alquiler de vivienda, viáticos, gastos de representación), con reclamo de indemnizaciones agravadas en caso de que el empleador no acceda a registrar esas sumas como parte del salario y a computarlas en la base de cálculo de las indemnizaciones por extinción contractual", son otro frente de conflicto, agrega.

También recuerda los ya clásicos reclamos por responsabilidad solidaria contra el empresario principal en casos de tercerización, contratación y subcontratación, y los reclamos vinculados a los riesgos del trabajo.

En cuanto a al tema de los faltazos, el socio de Adrogué, Marqués, Zabala Asoc. entiende que, más allá del análisis de cada caso en particular, existe un común denominador y este es las diferentes interpretaciones judiciales.

"La reglamentación de estos procesos, en particular en los casos de accidentes y enfermedades inculpables, podría limitar los casos de conflictividad que se observan por este motivo, y lograr que la protección legal alcance a aquellos trabajadores que efectivamente padezcan dolencias que le impidan concurrir a trabajar", razona.

Funes de Rioja suma a los problemas antes mencionados la ausencia de un marco jurídico que sea adecuado para los trabajadores expatriados.

Para el socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, es tan simple como que "los empleadores buscan tener certeza y previsibilidad respecto de sus costos laborales". En esa búsqueda, "aguardan con especial expectativa el establecimiento de un sistema de regularización o blanqueo laboral que elimine o reduzca las deudas frente a los organismos de la seguridad social; que deje sin efecto las acciones penales entabladas contra los empleadores; que los libere de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización, y que los exima del pago de las gravosas indemnizaciones agravadas que incrementan considerablemente los costos laborales", enumera.

La titular de MBB Abogados coincide en que las principales inquietudes que existen hoy en día dentro del sector corporativo pasan por la rebaja de los aportes patronales ("representa un enorme desincentivo para contratar personal o, eventualmente, regularizar a empleados que hoy se encuentran en una situación irregular"), flexibilizar las condiciones de despido, descentralizar las negociaciones colectivas, y, por último, una mayor penalización para conductas laborales que, como el ausentismo, complican el normal funcionamiento de las compañías.

CAJA DE RESONANCIA¿Cómo está impactando el nivel de actividad y el índice de empleo en el escenario jurídico laboral?

 

"En aquellos sectores que registran caída de actividad, la tensión se instala por el lado de la necesidad de adecuación de planteles, supresión de turnos o reducción de la cantidad de horas de trabajo, lo que induce a negociaciones en torno a suspensiones acordadas, con pago de asignaciones no remunerativas por importes representativos de ciertos porcentajes respecto del salario que recibiría el trabajador en caso de encontrarse trabajando", responde Caballero.

Los empleadores, agrega Betemps, vienen requiriendo la morigeración de la tasa de interés de los juicios laborales, que en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaba el 36% anual hasta noviembre de 2017 y, al presente, el 29%.

Asimismo, considerando las múltiples controversias en relación con la forma de cálculo de las indemnizaciones laborales, vienen solicitando "el dictado de normas que las establezcan con claridad, precisando los diversos conceptos que deben tomarse en consideración a los fines de los cálculos respectivos", redondea.

MAPA PARITARIOEn lo que va de 2018, se alcanzaron los siguientes acuerdos:

 

- Comercio (alcanza a 1,2 millones de trabajadores): contempla un incremento salarial de 15%, pagadero un 10% en abril y el 5% restante en agosto. Prevé una instancia de revisión en enero de 2019, en función del comportamiento de la inflación.

- Choferes de colectivos de corta y larga distancia (UTA): incremento salarial de 15% en tres tramos, cláusula de revisión a los seis meses y un bono no remunerativo de $1500.

- Aguas Sanitarias: dos tramos del 7,5% en abril y del 7,5% en septiembre. También, se prevé una recomposición de 2,8% imputable al período 2017.

- Tintoreros, sombrereros y lavaderos: 15% de incremento en dos entregas.

- Los trabajadores de entidades deportivas y civiles nucleados en UTEDYC acordaron un 18% pagadero en dos tramos.

- Aceiteros: 15% y el nuevo nivel por presentismo queda en $2838 por mes.

- Estatales de la CABA (Sutecba): aumento del 12% a distribuirse en dos tramos.

- Fabricantes de pintura: 15% en dos tramos.

- Remiseros (SURyA): 15%.

- Unión Personal Civil de la Nación (UPCN): 12%, en dos cuotas.

- Aeronáuticos: APA (maleteros, rampas, administrativos y call centers) y UPSA (empleados jerárquicos) cerraron con un aumento del 17%.

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