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Se esperan cambios en el seguro ambiental

Luego de más de una década de incertidumbre normativa y numerosas críticas, el Gobierno promete modificaciones en el seguro ambiental argentino. Más jugadores en el mercado y más variedad en la oferta, los principales objetivos de las autoridades.

El gobierno promete cambios en el seguro ambiental argentino. El objetivo es que se cumpla con lo establecido por la Ley General del Ambiente (LGA), N° 25.675, que en 2002 obligó a las empresas que desarrollan actividades riesgosas para el ambiente a contratar un seguro "para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera generar", algo que, a la fecha, aún no se logró plenamente. Más jugadores en el mercado y mayor variedad en la oferta son los principales objetivos.
"Se comenzó a trabajar con todos los sectores involucrados a fin de que el seguro ambiental funcione de manera eficiente a la política ambiental del país", sostiene Javier Ureta Sáenz Peña, secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Los principales problemas que señalan desde el ministerio, autoridad de aplicación de la LGA, son la falta de conocimiento del seguro ambiental y del proceso de ejecución de pólizas, un bajo porcentaje de firmas aseguradas, la poca apertura de mercado y la falta de opciones de distintas garantías financieras.
"Lo que hay hoy en el mercado es poco y ha generado resistencia", explica Leonardo De Benedictis, abogado especializado en Derecho Ambiental, en referencia al seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, el único instrumento que cumple con la obligatoriedad establecida por la LGA, y que es ofrecido solamente por un puñado de aseguradoras, nucleadas en la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (Caara). "Muchas empresas se vieron obligadas a contratarlo bajo presión", denuncia el especialista.
En 2012, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto N° 1638/12, reglamentado luego por la SSN, que abría la puerta a una mayor oferta aseguradora. Sin embargo, la norma fue suspendida por una acción judicial en su contra presentada por la ONG Fundación Medio Ambiente, mediante una medida cautelar que marcó el retorno a la situación anterior. En 2014 esta decisión fue revocada por la Corte Suprema, y volvió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde se encuentra hoy, a la espera de una definición.
El texto aprobado en 2002 exige un seguro contra todo riesgo ambiental y de responsabilidad ilimitada, algo que no resultó atractivo para las aseguradoras. La oferta quedó limitada a pólizas de caución, con cobertura solo para daños de contaminación de suelos y agua. "Buscábamos un seguro con transferencia de riesgo y lo único que tenemos es la caución, que técnicamente es una garantía y no un seguro", señala De Benedictis.
Pero, para Jorge Edgardo Furlan, presidente de Caara, las críticas son infundadas. Asegura que los debates fueron zanjados, mediante el reconocimiento dado al instrumento por el Ejecutivo. "La LGA prevé que el responsable del daño ambiental asuma su recomposición y los costos consecuentes y eso es lo que la reglamentación del seguro obligatorio cumplimenta", sostiene.
Furlan destaca que la póliza de caución fue ratificada por el nuevo Gobierno en junio: "Las autoridades ambientales confirmaron que la caución por daño ambiental de incidencia colectiva, en su estructura originaria, seguirá vigente porque es necesaria y porque es una herramienta de gestión que no transfiere el riesgo económico a la sociedad".
El Gobierno no busca eliminar este instrumento, sino complementarlo con otros e incentivar a más compañías a sumarse. Las soluciones propuestas se enmarcan en un plan de tres años, que incluyen aspectos normativos, como la modificación de la Resolución SAyDS N° 999/2014, a fin de sumar más aseguradoras al mercado de la caución ambiental, y la convocatoria a diversas instancias de capacitación y diálogo con las partes involucradas.
Prevén la implementación de un nuevo sistema de garantías financieras que incluya, además de la caución, la creación por ley del Fondo de Compensación Ambiental, dictaminado por la LGA, así como de fondos privados de empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente; la puesta en marcha de seguros de responsabilidad ambiental en los que haya transferencia de riesgos; la reglamentación del autoseguro; y la reglamentación del artículo 22 de la Ley, que establece la obligatoriedad del seguro ambiental.
Furlan expresa objeciones: "Es necesario que los instrumentos alternativos no resulten garantías que no respondan con la remediación inmediata del daño, porque así se estaría actuando en contra del espíritu de la ley, y se carecería del sustento que dio motivo a la exigencia".
Para De Benedictis, la solución de fondo que se necesita es la modificación de los tres artículos de la LGA que originaron los problemas: el 22, que, asegura, por sus ambigüedades y amplitud "demanda un seguro casi imposible"; el 27, para acotar la definición de daño ambiental; y por último, el 28, que aborda el tema de la reparación ante daño ambiental. Sin embargo, el especialista reconoce que los cambios anunciados van en la dirección correcta. "Lo importante es que las cosas se hagan bien: que estén todos los sectores en la discusión, ONGs, aseguradoras y las empresas que tienen que contratar las pólizas", señala.
Nadia Nasanovsky