Non bis in comercio exterior

Experimentamos en la actualidad una multiplicación de las autoridades encargadas de controlar el comercio exterior. Este "efecto multiplicador" no sólo se vislumbra a nivel de las autoridades sino también de los controles dentro de una misma autoridad y, más aún, a nivel de condenas, todas ellas a causa de un mismo control, teniendo esto último una interesante implicancia jurídica.
Históricamente un único organismo fiscalizaba las operaciones del comercio internacional: la Aduana. En aquellas jurisdicciones con control de cambio se suman las fiscalizaciones por parte de los bancos centrales. Hoy, estos controles son realizados por al menos siete organismos.
Los controles dentro de un mismo organismo también se acumulan. En la Aduana, por caso, los temas de valoración son inspeccionados por equipos técnicos en la zona primaria aduanera, por equipos de control ex-post, por equipos ad-hoc de la propia aduana (EMVI) y por el grupo de pertenencia de la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad.
Pero lo más preocupante es lo que sucede en cuanto a las sanciones, sobre todo aquellas que se multiplican dentro del mismo proceso de control. Esto sucede con el control que realiza el BCRA respecto al ingreso de divisas por cobro de exportaciones de bienes. Rige un régimen que establece que el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales debe ingresarse al país y negociarse en el mercado de cambios dentro de determinados plazos.
En el caso de inobservancia de estas obligaciones, el BCRA podrá iniciar acciones por infracción al Régimen Penal Cambiario, quedando tipificada la acción en el delito establecido en el artículo 1, incisos e) y f) de la citada ley, por tratarse de una operación de cambio que no se realiza en los plazos establecidos. Esta desobediencia es penada con multas de hasta 10 veces el monto total de la operación, con el ingrediente de que se harán efectivas solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los directores, representantes, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia.
Ahora bien, a través de la Comunicación "A" 5630, el BCRA reestableció la vigencia de un antiguo régimen, en el que se establece que aquellos cobros de exportaciones de bienes y servicios que no hubieren sido ingresados y liquidados a través del mercado cambiario en los plazos legales aplicables deben ser liquidados al tipo de cambio de referencia informado por el BCRA para el día en el que venció dicho plazo.
El exportador que ingresa tardíamente el cobro de sus exportaciones es susceptible de ser sancionado con una multa en el marco del régimen penal cambiario y con una liquidación a un tipo de cambio menor, que puede ser entendido como una nueva sanción que no es fruto de proceso jurisdiccional alguno.
En vistas de una actividad exportadora de vital importancia en la economía, es importante determinar si estamos ante un caso en el que se vulneran garantías constitucionales. Es importante recordar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto por una sentencia firme. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que el inculpado absuelto por una sentencia firme no pueda ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Ambos tratados tienen jerarquía constitucional.
La doctrina ha contribuido para determinar en qué casos se configura esa ilegítima doble sanción, conocida como la vulneración del principio de non bis in ídem. Resultará necesario duplicidad en la persona perseguida, el objeto de la persecución y la causa de la misma.
En cuanto al sujeto, no caben dudas. En cuanto al objeto, debemos encuadrarlo como hecho material, que en este caso resulta el mismo, a saber, el ingreso tardío. En relación al último de los extremos, la causa, si bien resulta ciertamente complejo determinar este punto, si subsumiéramos la idea de causa al fundamento jurídico de la persecución, no debieran encontrarse voces en contra de que la motivación del órgano de control, es idéntica en ambos casos.
Ante la acumulación de autoridades de control, procedimientos de control, y repetidas sanciones, el comercio exterior pareciera necesitar un respiro.

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