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Más allá de las idas y vueltas por las tarifas

El sector energético demanda seguridad jurídica, transparencia y controles independientes.

Aun si la cuestión tarifaria del sector energético estuviera resuelta, quedarían unos cuantos desafíos legales por resolver.
Héctor Pozo Gowland, titular de Pozo Gowland Abogados, señala que el sector energético, en sus tres segmentos de petróleo, gas y electricidad, enfrenta un "grave problema de seguridad jurídica", entendida como estabilidad de las normas que lo regulan. "A los fines de alentar las inversiones que están pendientes, tan importante es la estabilidad económica y financiera, como la estabilidad y seguridad jurídica", marca.
Altamente regulado, la "normalización institucional de los organismos competentes es un tema pendiente", agrega.
En materia de subsidios, la política actual afecta a los tres segmentos. "Es indispensable un programa viable desde lo económico y con sustento legal, que restablezca el precio de cada producto como factor relevante, manteniendo el subsidio solo para sectores determinados que verdaderamente lo justifiquen", dice.
Siempre con mirada jurídica, para Pozo Gowland, la situación tarifaria alcanzada por las medidas cautelares y las decisiones de la Corte Suprema exige una "solución rápida y definitiva".
Desde el estudio Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone coinciden en que uno de los principales desafíos con los que se encuentra el sector es el de poder crear reglas y condiciones que vuelvan a hacer atractivo el mercado energético para actores privados que estén dispuestos a invertir.
Víctor Díaz Bobillo y Manuel Goyenechea señalan que se debería, entre otras cuestiones, alentar mediante la regulación correspondiente la formación de contratos a largo plazo entre la oferta de energía y la demanda, que hagan atractivo para un agente invertir en el país y tener cierta "previsibilidad" del retorno de su inversión, y a su vez garantice a la demanda el suministro a largo plazo y la previsibilidad sobre los precios que tiene que pagar por esa energía.
En otra línea, también en coincidencia con el anterior, los abogados de DBSV hablan de la necesidad de "fortalecer la independencia de los organismos de control, de manera tal que no se vean influenciados por presiones políticas o por las empresas sujetas a su jurisdicción".
Una tercera cuestión deseable, agregan, es la "creación de marcos regulatorios compatibles y acuerdos internacionales con los países limítrofes que permitan una utilización más eficiente del recurso energético para la región".
También para María Inés Corrá, socia de M & M Bomchil, "el principal desafío está dado por volver a una regulación que ponga foco en promover la competencia, minimizando distorsiones y considerando los costos reales de los servicios; que promueva conductas en vez de dirigirlas; que incremente el nivel de transparencia, y que asigne con claridad los roles de los diferentes actores, en particular del Estado y agentes privados".
En cuanto al funcionamiento del mercado mayorista, prosigue, una reforma de la regulación debería tender a promover nuevamente los contratos directos entre agentes privados, con precios y condiciones libremente pactadas, manteniendo el mercado spot solo para ventas residuales de excedentes.
Por último, en cuanto a los aspectos institucionales, "es indispensable abandonar las regulaciones a medida de los diversos interesados y la adopción de decisiones unilaterales sin consultas ni control", redondea Corrá.