Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Las normas del financiamiento político

En el año electoral, las normas que deben conocer los in house a la hora de aprobar (o no) un apoyo político. Límites y exenciones de los aportes.

Por convicción, por oposición, por amistad, en la búsqueda de influencia, posicionamiento o contrataciones futuras, varios son los motivos que pueden llevar a una empresa a destinar fondos para la política. En tiempos electorales, la respuesta que tienen que tener a flor de labios sus in house es qué pueden y qué no pueden hacer. La Argentina tuvo una completa ley en la materia que, debatida en plena crisis de 2001 y aprobada en 2002, fue talada con el correr de los años hasta la versión actual. Distintos especialistas consultados coinciden en destacar varios vaciíos legales, echando mano de metáforas como la del ‘queso gruyere’, ‘el colador’o ‘puertas cerradas y ventanas abiertas’.
Las personas jurídicas, por ejemplo, no pueden hacer donaciones destinadas a financiar las campañas de los partidos políticos. Está prohibido por ley. Lo que no está prohibido y, por ende, está permitido, es hacer esa misma donación al candidato o a la fundación partidaria que acompaña a la agrupación.
Pero tampoco hace falta ser tan sutil. Al partido puede donarle el CEO, el CFO (Chief Finance Officer), el CIO (Chief Information Officer), los gerentes, sus familias y empleados, siempre que lo hagan a título personal y voluntariamente.
Existen, por cierto, límites a esas donaciones cuyo monto fija la Cámara Nacional Electoral (ver recuadro). Los gastos totales de campaña, sin embargo, pueden llegar a tri o cuadruplicar los valores autorizados, aunque los balances partidarios raramente acusan esas desviaciones.
¿De dónde sale la diferencia? "Es plata en negro", coinciden las fuentes consultadas.
"La percepción entre quienes investigamos el tema del financiamiento de la política en la Argentina es coincidente en el sentido de que los reportes de los partidos sólo permiten captar una parte del movimiento de fondos, mientras que un porcentaje significativo del dinero sigue circulando por canales ocultos", se lee en el número 12 de la revista Elecciones, con firmas de referentes de todo el continente y esto en particular en un artículo de la especialista argentina Delia Ferreira Rubio.
"El tema dinero y política es uno de los más conflictivos, ya que ello es fuente de corrupción no sólo en nuestro sistema político sino en otros más avanzados", señala el constitucionalista Antonio María Hernández, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y uno de los referentes de la materia electoral en el país. Desde Córdoba, el ex Convencional Constituyente de la Nación remarca que "no obstante los controles establecidos por parte de la Justicia Electoral, es evidente el incumplimiento de gran parte de las normas".
Apuntando a los financiamientos hechos con fondos públicos, entre otros ejemplos destaca el "obsceno gasto de publicidad oficial y propaganda que efectúan los distintos gobiernos, (que) afecta la transparencia, la igualdad entre los partidos y la claridad y pureza que debe existir en lo electoral", al tiempo que pregona la necesidad de una "profunda reforma política".
Cuando habla del financiamiento privado, Ferreira Rubio, ex miembro del board de Transparencia Internacional, es cauta. "No podemos demonizarlo. Es natural que con buenas intenciones se quiera participar en política. El problema es que los grandes aportes pueden comprar influencia. Hacer, ahora, un favor en formato financiamiento y recoger , luego, el favor con designaciones, contratos, licitaciones, permisos: ése es el problema, pero controlado y transparente -ésa es la clave- no habría ningún inconveniente", señala. Mirando el financiamiento, justifica, se puede valorar la gestión de gobierno bajo parámteros como: ¿Por qué ganó la licitación esta empresa? ¿Por qué aquél es el titular de tal o cual agencia gubernamental? ¿Por qué esta obra se hizo acá? ¿Por qué tanto interés en que se apruebe ésta o aquella ley?

Controles

Si el control del financiamiento es la clave, dos preguntas se destacan: quién lo hace y cómo.
El control legal en materia de partidos políticos y su financiamiento está en manos de la Cámara Nacional Electoral y los jueces con competencia electoral de cada distrito (24 en total).
Sobre las declaraciones juradas que tienen que presentar los partidos políticos 10 días antes de las elecciones, dando cuenta del ingreso y egreso de fondos, origen y destino, por ejemplo, se hacen auditorias, se emiten dictámenes, hay posibilidad de hacer observaciones y, finalmente, el juez electoral puede aplicar una sanción. En caso de discrepancias, se va en apelación a la Cámara.
El monto de las sanciones es "ridículamente bajo", dice Ferreira Rubio, y ejemplifica: "En la ley original, la sanción por no presentar el informe previo era la pérdida del financiamiento público. No se preguntaba nada: si no se presentaba el informe en tiempo, listo. Por supuesto, eso no se aplicó y se fue morigerando", plantea. La ley hoy habla de una sanción equivalente al 0,02% por cada día de demora del total de fondos públicos que le correspondieren a la agrupación política en la próxima distribución del fondo partidario permanente.
Entrar al sitio web de la Cámara y buscar el listado de sanciones aplicadas es toda una experiencia. El pdf con el cuadro de sanciones impuestas solo a los partidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 59 páginas. A simple vista, no hay partido sin manchas.
La justicia electoral, más aún la Cámara Electoral y, en particular, su equipo de menos de 10 auditores trabajan extraordinariamente bien, coinciden en on y en off todos los consultados y reconocen que gracias a ellos, al trabajo de algunas ONGs y de ciertos periodistas, estamos así (de bien o de mal).
Los controles, sin embargo, no alcanzan para los 24 distritos involucrados, con más de 700 partidos políticos locales y más de 30 nacionales, cuyas alianzas también se tienen que auditar.
Para darle publicidad a fondos y gastos de campaña, la Cámara publica el pdf de los informes de cada partido, antes de las elecciones. En otros países, en aras de la transparencia, se facilita a la ciudadanía una base de datos con información cruzada para determinar fácilmente quién le aporta a quién y por cuánto.
Ése es el modelo que sigue Canadá, con un sistema orientado a la transparencia. En los Estados Unidos se entiende al aporte como un primo hermano de la libertad de expresión. De México al sur, lo que se busca es limitar los aportes privados, con un fuerte sistema de control en el país de más al norte y carencias en casi todo el resto de la región.
"Si tenés un organismo de control muy eficiente, podés controlar muchos límites, pero si tenés un organismo de control con miles de límites, compuesto por nueve auditores para todo el país, por más capaces que sean, mucho no se puede hacer", señala Ferreira Rubio.
Así, los partidos reciben financiamiento privado para dos grandes vertientes: la institucional (destinado a capacitación, impresos, viajes) y para las campañas. Pero, en ningún caso pueden recibir donaciones anónimas. En ningún caso una empresa puede aportar a una campaña, pero si pueden hacerlo para su actividad diaria -salvo las concesionarias de obras y servicios públicos, personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar, sindicatos, asociaciones patronales y profesionales, firmas extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país y gobiernos y agencias gubernamentales de cualquier tipo.

Las cifras autorizadas

Curiosamente, las cuentas bancarias que, hasta 2009, debían ser distintas (una para campañas, otra institucional) se fusionaron en una sola y allí comenzó a mezclarse el dinero. Una firma podría buscar favores no solventando campaña, pero aportando a lo demás.
El que aporta, es cierto, puede ser sujeto de multas si incumple los límites o lo hace por fuera de las autorizaciones de la ley. Las sanciones previstas oscilan entre una y 10 veces el monto de lo donado (cuando está prohibido) o el monto donado en exceso (cuando supera el límite) e inhabilitaciones para los infractores.
Una de las razones es bastante obvia: difícilmente un partido presente un balance con donaciones recibidas en exceso o que estén prohibidas. Por eso, dicen los consultados, la auditoría que se hace debería ser financiera.
Si unos $ 100 millones se estima que cuesta la impresión de boletas; algo más de medio millón de pesos un spot televisivo; $ 5 millones un acto de cierre de campaña; $ 150.000 un “cartelote” en vía pública,
$ 600.000 una campaña de afiches y $ 40.000 una pegatina, alcanza con una birome para darse cuenta de la friolera de gastos que demanda una campaña y cómo, fácilmente, se superan los límites establecidos.
Saber quién financia eso, coinciden abogados y politólogos, es fundamental.
“El origen de los fondos con que se financia la política en cualquier país afecta directamente la calidad de las instituciones, la garantía de los derechos ciudadanos y la orientación de las políticas públicas”, cierra la especialista , resumiendo para Asuntos Legales: “En la Argentina, hay mucho por hacer todavía”.