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Las cuentas pendientes en el comercio exterior

Discrecionalidad y transparencia en las dos entradas del balance. Las cuentas pendientes. Lo que viene.

Las cuentas pendientes en el comercio exterior

¿Importar? ¿Exportar? Ésa es la cuestión, al menos desde la perspectiva legal. Y es que si bien desde 2015 se vienen registrado no pocos cambios positivos en lo que refiere al comercio exterior, aún queda bastante por hacer.

Para Esteban Ropolo, abogado de Baker & McKenzie, el comercio exterior argentino atraviesa un "importante proceso de modernización". La actual gestión a cargo de la Aduana, destaca, puso el énfasis en la tecnología y la ingeniería de procesos como forma de agilizar los trámites y "reducir el costo argentino y la litigiosidad derivada de la arbitrariedad en la aplicación de las normas por parte de los verificadores", describe.

En ese contexto, el principal desafío es la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que cuando esté funcionando a pleno le permitirá a los operadores obtener los permisos y autorizaciones previos a la importación, así como completar el despacho de importación mediante un único trámite electrónico. En igual sentido, se está avanzando en la etapa piloto de la implementación del nuevo régimen de Operadores Económicos Autorizados (OEA).

Con esta mirada coincide Pablo Gayol (Marval, O'Farrell & Mairal), para quien "el Gobierno está trabajando para insertar a la Argentina en el comercio internacional y tiene una agenda muy ambiciosa de acuerdos binacionales". Ciertos aspectos, como algunas desgravaciones, van a tener una implementación progresiva, advierte. Así y todo, "el impacto en el comercio internacional y en la economía argentina va a ser importante".

Para Gayol, uno de los temas en los que el sector privado debería hacer su aporte son las normas de origen, que determinan "qué requisitos deben cumplir los productos para ser considerados producidos en un país y, por lo tanto, beneficiarse de un tratado".

Otro tema al que apunta son las regulaciones internas, los estándares y las barreras no arancelarias. Y otro más es la existencia de salvaguardias bilaterales en los acuerdos.

"Estas salvaguardias permiten suspender momentáneamente los beneficios de los tratados en caso de daño importante. Puede ser útil en caso que el tratado tenga efectos inesperados sobre un determinado sector", explica.

Desde Beccar Varela, Augusto Vechio entiende que los retos tienen que ver con la desburocratización y la trasparencia. "Generar un control eficiente sobre las mercaderías que se exportan e importan, lo que ahorraría en costos y generaría mayor integridad. Es necesario que se simplifiquen procedimientos y se profundice el uso de la tecnología", señala, y agrega: "Habría que pasar a un control ex-post, que permita al importador nacionalizar sus bienes y luego, si se detecta un incumplimiento, aplicar una sanción que tenga un efecto disuasivo sobre el resto de los operadores".

Desde el mismo estudio, Guido Krolovetzky destaca el dictado de la Resolución General AFIP 4013. "Ante una denuncia aduanera por la presunta comisión de una infracción, las multas solo podían garantizarse mediante dinero en efectivo o aval bancario. Solo a través de aquellas dos modalidades se podía liberar la mercadería bajo el régimen de garantía", describe. La 4013 agregó a esas modalidades la póliza de caución, un medio mucho más económico.

Otros colores

Pero aún no todo es color de rosa. Eduardo Mallea y María Laura Bacigalupo, socios de Bruchou, señalan que "las dificultades que los operadores del comercio exterior deben afrontar para concretar operaciones de importación o exportación son muchas y de diversa índole".

Desde que asumió el gobierno actual, describen, uno de los objetivos que se propuso la Administración Nacional fue implementar cambios en los procesos para eliminar la burocracia del comercio exterior y agilizar el ingreso y salida de mercadería. Sin embargo, "muchas las nuevas herramientas creadas no logran desplegar aún todo su potencial".

En ese sentido, la reglamentación de la mencionada OEA supone un "reconocimiento otorgado por las autoridades aduaneras, que puede proporcionar a los operadores una ventaja competitiva, mayor seguridad durante el proceso de transporte de sus productos y tiempos de entrega reducidos", explican. Pero, dicen, el proceso para adherirse a este programa, el control de los requisitos a cumplir y la capacidad de la administración para llevar a cabo estas tareas llevan a pensar que la real puesta en marcha de la herramienta va a hacerse esperar.

Por su parte, Enrique Barreira, name partner de BRSV Abogados, destaca el "mérito de las autoridades aduaneras de rodearse en el nivel superior de funcionarios de carrera, experimentados, honestos, abiertos al diálogo y con actitud de colaboración con el empresariado".

Ello, sin embargo, "no evita que, en otros niveles, algunos agentes aduaneros exhiban falta de conocimientos técnicos que claman por una capacitación específica, sino de reglas de respeto en el trato con los administrados y con la ética pública", denuncia.

Barreira celebra los avances, pero marca la vigencia de trabas que persisten. Entre ellas, destaca que la anterior administración, para incrementar la recaudación, distorsionó el régimen de créditos y deudas aduaneras. "Invocó una ley de 1991 que dispuso que los créditos por tributos aduaneros se determinan en dólares. No la consideró derogada. La AFIP-DGA aplicó a la deuda en dólar la tasa de interés para pesos, y llegó a un interés anual de 36% sobre dólar, con el agravante que la deuda usualmente se genera sin intención, y la repotenciación vía dólar se cuenta en períodos en que no hay mora, haciéndola ilegítima", describe.

En sentido contrario, "si la Aduana es quien debe tributos indebidamente cobrados, el acreedor debe litigar 5 u 8 años para obtener una decisión que le brinde el 6% anual sobre pesos".

La solución, dice, consiste en una resolución que puede modificar las tasas de interés con alícuotas adecuadas a la realidad.

Otro problema, continúa, es que si el sistema de AFIP detecta supuestas deudas impagas o inconsistencias, suele negar autorizaciones para operar, sin mayores datos. Suele suceder, apunta, "que la causa de la deuda no existe o se discute en los tribunales con efecto suspensivo, pero mientras tanto se traba la actividad de los particulares y pierde el país".

Otro pendiente es el de las DJAIs. "El Gobierno, si bien derogó el sistema anterior, introdujo uno similar con otro nombre, disponiendo licencias automáticas para todas las mercaderías, y no automáticas para algunas de ellas", describe. La Unión Europea, los Estados Unidos y Japón ya se quejaron ante la OMC. Consideraron que pese al aparente cambio, se había mantenido el mismo sistema anterior.

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