Miércoles  04 de Octubre de 2017

El proyecto de responsabilidad penal de la persona jurídica

El proyecto de responsabilidad penal de la persona jurídica
Recientemente, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (RPPJ) por hechos de corrupción, que había sido remitido por la Cámara de Diputados a mediados de este año.

El proyecto volverá a la cámara de origen en razón que se introdujeron diversas reformas, pero se descarta que sea aprobado ya que el Gobierno Nacional tiene sumo interés en sancionarla, al ser un requisito para ingresar a la OCDE.

En primer lugar, el proyecto limita la responsabilidad a algunos delitos contra la administración pública (de corrupción) tales como el cohecho local y en el extranjero, así como también a los balances falsos. Quizás hubiera sido mejor que incluyera a otros delitos que suelen concurrir, tales como el delito de lavado de activos, al igual que lo hizo la legislación chilena. Si bien la RPPJ -o más bien penal administrativa- ya existe en nuestro ordenamiento jurídico para diversos delitos económicos, su tipificación difiere entre sí, lo que perjudicaría en su aplicación.

Por otro lado, se receptaron las demandas de las cámaras empresarias ya que se establece una multa de dos a cinco veces sobre el valor de la ganancia obtenida, producto del hecho delictivo y no sobre los ingresos brutos del ejercicio anterior, como decía el proyecto originario. Asimismo, se mantienen las inhabilitaciones por 10 años para casos más graves, tales como la suspensión de las actividades o la imposibilidad de ser proveedor del Estado. En relación a esto último, se incorporó como exigencia a los proveedores del estado, que deben tener un programa de cumplimiento adecuado.

Por otro lado, se eliminó la responsabilidad solidaria de la persona jurídica controlante por hechos cometidos por la sociedad local, ya que resultaba contrario al principio de culpabilidad del derecho penal. En el mismo sentido, se eliminó la mención expresa de la responsabilidad de la persona jurídica por los hechos cometidos en el marco de acuerdos asociativos, de agencia, concesión o fideicomiso.

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Una importante incorporación es la causal de exclusión de la RPPJ cuando la empresa se autodenuncie "espontáneamente", sumado a que devuelva el beneficio obtenido y que haya tenido un programa de cumplimiento adecuado. El término "espontáneo" se refiere a que no sea como consecuencia de una denuncia, inspección o requerimiento de alguna autoridad pública, por lo que la denuncia deberá realizarse como consecuencia de un trabajo de investigación interno para lo cual la empresa deberá contarse con herramientas tales como las llamadas líneas de denuncias anónimas.

Al respecto, hay que tener en cuenta que podría aplicarse la figura del informante de la ley 27.319, cuya reciente reglamentación establece una retribución por información sobre el ilícito, con hasta un 5% o $10.000.000 de lo que se recupere de los activos. De no investigarse y denunciarse a tiempo el hecho, un empleado podría hacerlo ante las autoridades y así dejar sin efecto el beneficio de la espontaneidad. Esta causa exculpante que extingue la acción penal, no es nueva ya que se encuentra establecida en el art. 16 de la ley 24.769 sobre delitos tributarios.

Por último, cabe recordar que en caso de no ser espontánea, de todas maneras la persona jurídica puede llegar a un acuerdo de colaboración con el fiscal por un tiempo determinado, en el cual se establece la suspensión del juicio a cambio de la devolución del dinero obtenido ilegítimamente más una multa de igual monto. Ello sin perjuicio de otras reglas de conductas que acuerde con el fiscal tales como mejorar sus programas de cumplimiento.

Sin duda que esta incorporación genera incentivos a las empresas para implementar programas de cumplimiento, a la vez que incrementará la actividad de los servicios de compliance que proveen los estudios contables y jurídicos como se observó en otras jurisdicciones.

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