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El proyecto de reforma de la ley de defensa de la competencia

por  Ezequiel Segal y Bruno Toia

Integrantes del estudio Segal, Turner y Asociados
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El proyecto de reforma de la ley de defensa de la competencia

El proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia tomó impulso. Para que rinda los beneficios que se esperan, debe incorporar al debate los cuestionamientos recibidos durante su vigencia:

1. Un régimen eficiente de medidas preventivas: el vigente habilita a la autoridad de aplicación a "ordenar el cese o la abstención" de conductas lesivas, o disponer "las medidas que según las circunstancias fueren más aptas para" prevenir una lesión al régimen de la competencia. Pero la experiencia muestra que esta atribución no dio los resultados esperados. La disparidad de criterios imperantes en los tribunales debilitaron su eficacia. En muchos casos eran incumplidas, ante la expectativa que fueran anuladas por la justicia. El Estado pasa a estar ausente, consecuencia de la falta de claridad de las herramientas con que cuenta para cumplir sus fines. Esto profundiza la asimetría que se pretende corregir perjudicando a los usuarios.

Esta atribución se mantiene en el proyecto de reforma pero no aporta un esquema superador con relación a la ley vigente. Sería conveniente modificar los aspectos controvertidos y evitar nuevas disputas en sede judicial. Así, sería conveniente que se expliciten sus requisitos de procedencia.

Un sector considera que las medidas preventivas son "cautelares", por lo que se deben acreditar sus presupuestos clásicos para su dictado; otros la exceptúan de ese régimen. Sería oportuno dejar en claro que la orden de cese o abstención de conductas lesivas es una medida preventiva destinada a evitar perjuicios al régimen de la competencia. Calificarlas como sanción conlleva consecuencias inconvenientes que obstaculizarían su efectividad.

2. Al presentar el proyecto de ley se mencionó que la independencia de la nueva autoridad de aplicación es uno de los objetivos buscados. Si bien el diseño que se propone es superador al régimen vigente, no parece satisfacer completamente la finalidad declarada.

Para lograr independencia, debe cuidarse la estabilidad en el cargo. De poco serviría un concurso de antecedentes y oposición, si los funcionarios no tienen garantías de permanencia. El proyecto es perfectible, dado que prevé la posibilidad de remoción por mal desempeño en funciones y quien la decide es el Ejecutivo. El problema es que el Jurado está integrado por dos funcionarios de la administración central, los presidentes de las Comisiones de Defensa de la Competencia de ambas cámaras del Legislativo nacional, y los presidentes o a quien designen a tales efectos de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Economía Política.

Pareciera que el esquema propuesto no da garantías de un deslinde entre el jurado y el poder político. Va de suyo que los funcionarios de la administración central no cumplen ese recaudo y, quizá, tampoco lo hagan los presidentes de las Comisiones que, a estar al reglamento de cada una de las cámaras, podrían ser representantes del oficialismo. No sería difícil lograr la remoción, puesto que se lograrían los dos tercios requeridos, quedando la cuestión subsumida en las manos del Ejecutivo.

3. El proyecto crea una Sala especializada en Defensa de la Competencia, dentro de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal. No se hace referencia a los casos que debieran tramitar en el interior, que competen a las Cámaras Federales con asiento en las provincias. No sería conveniente concentrar el control judicial en un solo tribunal. Si tenemos en cuenta que es atendido por tres Salas en la CABA y las Cámaras Federales del interior, es de esperar que se genere una situación de colapso. Tampoco favorecería a los justiciables del interior que se verían obligados a litigar en la CABA en cuestiones de Defensa de la Competencia. Pareciera conveniente mantener la competencia de los Tribunales Federales del interior.