Miércoles  01 de Marzo de 2017

El financiamiento de la política

Si bien hay pautas nacionales, solo cinco provincias tienen normativas que estipulen topes a los gastos en una campaña electoral. El Gobierno anunció un proyecto de ley sobre el tema, pero aún no fue presentado.

El financiamiento de la política

En la cuenta regresiva para que el año vuelva a paralizarse de cara a las elecciones legislativas, nada ha cambiado en materia de financiamiento de la política desde los comicios presidenciales que llevaron a Cambiemos al poder nacional.

En la Argentina, a nivel nacional, el régimen de financiamiento de las campañas electorales se rige por el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

En las provincias, en cambio, existe un "vacío legal pronunciado": solo 5 de los 24 distritos tienen normativas que estipulen topes a los gastos que se realizan durante una campaña electoral, se lee en un informe elaborado por Cippec apenas pasadas las últimas presidenciales.

En materia de fondeo, el Gobierno anunció que trabaja en un proyecto de ley sobre el tema, pero aún no ha presentado la iniciativa en el Congreso de la Nación.

"La ley vigente prohíbe a las empresas realizar aportes para las campañas. Las personas jurídicas solo pueden hacer aportes a los partidos para su sostenimiento institucional, pero no para la campaña electoral", advierte Delia Ferreira Rubio, referente internacional en la materia.

La intención gubernamental, aclara, es precisamente autorizar esos aportes hoy vedados. Alejandro Segarra, director de Litigios de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), profundiza: los aportes no pueden ser anónimos, tampoco pueden aportar empresas vinculadas con el Estado (como proveedores, constructores de obra pública o firmas vinculadas con la industria del juego), ni extranjeros no residentes (incluyendo países), ni empleados que sean obligados a colaborar.

¿Se puede demostrar si eso sucede? "En el caso de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) están en juicio. Son muy pocos los casos que llegan a la justicia, pero ha habido denuncias que derivaron en causas penales que se están investigando. Se denunció, por ejemplo, que en reparticiones públicas se pedía un diezmo a los empleados a modo de contribución para el partido político", responde, y agrega: "Eso está prohibido".

Lo propio también sucede con aportes de asociaciones sindicales, patronales o profesionales. El otro límite que fija la norma es por cantidad. Una persona jurídica puede aportar hasta el 1% de los gastos permitidos en períodos que no sean de campaña, mientras que los individuos pueden hacerlo hasta el 2% de ese valor.

Rendición

Los partidos deben presentar declaraciones juradas 10 días antes de las elecciones sobre el ingreso y egreso de fondos, origen y destino. Luego se hacen auditorias, se emiten dictámenes, hay posibilidad de hacer observaciones y, finalmente, es el juez electoral el que aplica, eventualmente, la sanción.
Si hay alguna desavenencia, se va en apelación a la Cámara.

"No ha habido muchos casos justiciables. Sí ha habido denuncias. Pocas sentencias", reconoce Segarra.
La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos dispone que noventa días después de finalizada la elección. El presidente y tesorero del partido, los responsables económico-financiero y político de la campaña deberán presentar en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral.

Una vez presentados, la Cámara Nacional Electoral publica esos informes en su sitio. "El tema es cómo se ejercen los controles posteriores. Hay que ver qué sucede en estas elecciones y el escrutinio sobre quiénes están aportando a los partidos políticos. Históricamente, no son numerosas las denuncias que hay por donaciones indebidas. No, tal vez, porque no las haya habido, sino por falta de control", apunta el letrado de la ADC.

Dar con la información, en tiempos en los que la tecnología hace todo muy accesible, no resulta ser de lo más sencillo. Muchas veces, reconoce Segarra, para encontrar "el dato" hay que tener conocimientos adicionales, bien de informática, bien del laberíntico Presupuesto Nacional. A.A.N.

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