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El fin de la facultad de intervención de la CNV

Uno de los roles fundamentales que debe desarrollar el abogado financiero consiste en asesorar a sus clientes en aras de lograr una adecuada gestión integral de los riesgos legales que estos pueden enfrentar, como consecuencia del desarrollo de su objeto social, bajo la legislación y el marco normativo aplicable a la especialidad.
En ese sentido, con la sanción de la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831, producida el 29 de noviembre de 2012, se estableció la posibilidad de que la Comisión Nacional de Valores pudiera: "Artículo 20 (…) I) Designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la comisión; II) Separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas [actualmente Ministerio de Finanzas Públicas]".
Cabe destacar que estos párrafos no aparecían en el texto original del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, como tampoco fueron tratados en las Comisiones de la Cámara de Diputados que tuvieron a su cargo el despacho del mismo, sino que fueron propuestos por un diputado que participó en la sesión que le dio media sanción a este proyecto y que luego fue sancionado definitivamente por el Senado.
Resulta llamativa esta incorporación dado que no reconocía antecedente legislativo alguno en nuestro país. Es más, el Banco Central posee una atribución similar en la Ley de Entidades Financieras pero, no obstante, para su ejercicio se requiere que la intervención sea dispuesta por el juez de comercio (Artículo 35 Bis, Ley 21.526).
Por ello, atento la posibilidad latente de intervención sobre una persona jurídica sujeta a fiscalización de la Comisión Nacional de Valores, muchos colegas, al momento de recibir consultas acerca de los riesgos legales asociados, a que una persona se matriculara para iniciar actividades o continuara realizando las mismas que venía ejerciendo bajo el régimen de la anterior Ley de Oferta Pública Nº 17.811, advertían esta situación para que el cliente tomara los recaudos del caso.
Más aún, cuando mediante el Decreto Reglamentario Nº 1023/ 2013 se establecía que esta facultad podría ser ejercida por la Comisión Nacional de Valores: "Artículo 20 (…) de oficio o mediante denuncia de accionistas minoritarios y/o tenedores de valores negociables sujetos a oferta pública (…) que representen al menos el 2% del capital social".
Ahora bien, de acuerdo al proyecto de modificación de la Ley de Mercado de Capitales que actualmente se encuentra en tratamiento en sesiones extraordinarias, se propone la derogación de estas facultades que supone "un exceso de la administración y un apoderamiento inadmisible de la función del sector privado sin la intervención del Poder Judicial de la Nación, constituyendo así una indebida delegación de facultades que hace a la esencia de la función judicial por parte del Honorable Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo Nacional", según rezan los fundamentos del proyecto.
De esta forma, y en términos prácticos, con la sanción de este proyecto de ley el abogado financiero ya no tendrá que efectuar la recomendación anteriormente mencionada, toda vez que la CNV dejará de detentar las facultades de intervención reseñadas.

*Abogado (UBA), Posgrado en Derecho Financiero y Bancario (UCA), Master en Finanzas (UCEMA), Doctorando en Derecho (UBA). Co-Director del IV Congreso Argentino de Mercado de Capitales (UCEMA) Responsable de Legales (MATba), Director del Programa de Formación Profesional en Derecho Financiero (UCEMA/CPACF) y Profesor Adjunto (I) del Departamento de Derecho Público II, Facultad de Derecho (UBA).