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El consumo masivo en la mira

Defensa del consumidor, impuestos municipales y normas anticorrupción, los principales desafíos legales del sector.

El sector de consumo masivo encuentra una serie de retos legales a sortear para sostener su crecimiento. Para Javier Wajntraub, titular de Wajntraub Abogados y referencia obligada en derecho y consumo, el sector deberá "modificar la perspectiva legal desde la necesidad de protegerse de la utilización arbitraria de las herramientas públicas para la protección de los consumidores por parte del gobierno, con el fin de implantar forzadamente una determinada visión de la economía a un esquema en el que deberá prestarse atención a las normas como parte de sus obligaciones en el marco de un mercado que deberá tender a la racionalidad".
Hace más de 10 años, señala, no se evoluciona en los resortes públicos para mejorar la transparencia del mercado y las empresas deberán empezar a "construir una cultura en la que el cuidado del cliente se convierta en parte de su propuesta de valor".
La tributación municipal sigue siendo un enorme desafío, suma Rodrigo Lema, socio de Bulit Goñi & Tarsitano. "La pretensión de un grupo de municipios que intenta cobrarles a las grandes industrias derechos de publicidad y propaganda por la exhibición de anuncios con sus marcas en el interior de locales comerciales de sus distritos es una preocupación que está muy presente", dice, pese a que la Comisión Federal de Impuestos reconoce que se trata de un tributo inválido y la Corte Suprema ha dicho algo parecido.
También subsisten municipios que intentan cobrar la Tasa por Inspección Bromatológica (o de abasto) por la introducción de mercaderías provenientes de otras jurisdicciones, soslayando las autorizaciones expedidas por organismos nacionales como Senasa o Anmat. Es una "verdadera aduana interior", define Lema.
La proliferación de acciones de clase y el régimen de conciliación previa en las relaciones de consumo (Coprec) suman inconvenientes. "La omisión de una legislación integral en materia de procesos colectivos es un problema que las empresas de consumo masivo vienen padeciendo. Si bien la CSJN ha dado importantes pasos mediante el dictado de Acordadas que tienden a evitar la superposición de demandas colectivas y a reglamentar su funcionamiento, el Poder Legislativo no ha sancionado ley alguna que abarque en su totalidad la cuestión relativa a las acciones de clase", señala Miguel Armando, socio de Noetinger & Armando.
Al no existir legislación concreta, explica Juan Pringles, desde la misma firma, las asociaciones de consumidores demandan sin asumir riesgos, invocando la eximición del pago de costas o un beneficio de litigar sin gastos. "Se trata, en muchos casos, de excursiones de pesca en procura de injustificados acuerdos transaccionales, que encarecen la actividad productiva de las empresas y sobrecargan los tribunales", denuncia.
El Coprec facilita los reclamos por parte de los clientes hacia las empresas. "Las firmas de consumo masivo podrían afianzar el vínculo con el cliente, generando un mecanismo voluntario, que atienda los reclamos de consumidores y permita solucionar las controversias antes de llegar a la instancia administrativa o incluso judicial, de forma tal de desalentar la nueva industria de la denuncia en materia de defensa del consumidor", agrega el name partner de N&A.
Fernando Hofmann, Legal & Corporate Affaires Director LAO - Austral de Kimberly-Clark, suma desafíos. "El mayor foco en general, pero particularmente en consumo masivo, está puesto en temas de compliance entendido en forma amplia y abarcando temas de antitrust y consumidor además de FCPA y normas afines", concluye.