Sábado  10 de Junio de 2017

"De cada 100.000 casos que ingresan a la justicia penal, sólo mil llegan a juicio"

El estudio fue realizado por la Univeridad Nacinal de Tres de Febrero (UNTREF) y el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y Violencia (CELIV) en base a un muestreo de 456 expedientes. 

"De cada 100.000 casos que ingresan a la justicia penal, sólo mil llegan a juicio"

De los más de 100 mil casos que cada año investiga la justicia penal, menos de mil llegan  a juicio oral y público, y sólo el 4,5 % las causas  que ingresan al sistema judicial superan la etapa de la instrucción.

Los datos surgen de un estudio realizado por la Universidad  Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), a través del Centro de  Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia  (CELIV), en el que también se determinó que los casos que privilegia la justicia son los que requieren poca investigación, casos en los que el imputado está detenido, tiene antecedentes penales o estuvo internado en un instituto  para niños y adolescentes.   

El informe se denomina "¿Qué y  cómo se juzga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Una radiografía de la Justicia Nacional en lo Criminal y  Correccional", se realizó en base a 456 expedientes iniciados  entre los años 2011 y 2014.
 

Entre los principales hallazgos que resultaron del relevamiento, se destacó que de los más de 100 mil casos  que cada año investiga la justicia penal, menos de mil llegan  a juicio oral y público, y los otros se resuelven con la suspensión de juicio a prueba o mediante el juicio abreviado.

También se determinó que "el sistema tiene baja capacidad de  investigación, y no sólo parece privilegiar los casos que  requieren poca investigación (fraude o robo simple que sumados  representan el 50% de los casos en la etapa oral) sino los  casos en los cuales el imputado está  detenido".
 

Según consta en el informe, "también se privilegian los  casos en que el imputado tiene antecedentes penales o ha sido  internado en un instituto de menores, los casos que el delito imputado ha sido cometido en banda, y en los cuales al imputado se le atribuye más de un delito".
 

En la mayoría de los juicios orales (82.4%), según el  informe, no se produjeron elementos distintos a los ya recolectados por la policía o en la etapa de instrucción.
 

También se reveló que el sistema "parece respetar en cierta medida los derechos de los imputados pero también presenta  algunas debilidades: la prisión preventiva sólo es dictada para  una minoría de los imputados".

La mayor parte de imputados (63,7%) son defendidos por  abogados públicos, y en más de uno de cada cuatro casos, el  abogado no estuvo presente durante la declaración del imputado ante el juez.

Además, en casi cuatro de cada cinco casos, el abogado no presenta ni solicita ningún elemento de prueba en defensa de su cliente durante la instrucción, ni presenta recursos en defensa de su cliente contra medidas tomadas por el ministerio público o el juez.

El informe también indicó que, como establece la ley, en la gran mayoría de los casos la policía no interroga al imputado, sin embargo, hay registros donde sí lo hace en el 4,2% de los casos.

A su vez, más de la mitad de los imputados durante la instrucción y una minoría de los acusados en el juicio oral hacen uso de su derecho a no declarar y, cuando declaran, casi dos tercios de los imputados durante la instrucción y más de tres cuartos de los acusados en juicio oral, declaran que los hechos imputados en su contra no son ciertos.

El trabajo fue realizado por los investigadores Marcelo  Bergman, Gustavo Fondevila y Máximo Langer y se basó en la  exploración de los tipos de casos que llegan a la Justicia penal; los tipos de respuestas que se da a esos expedientes que  ingresan; la capacidad de investigación del sistema; y qué  casos se priorizan.

También cuál es la duración y costos de los procesos; en  qué medida los fiscales, jueces y abogados controlan el trabajo  realizado por la Policía; y en qué medida el sistema respeta  los derechos de los imputados.

El objetivo del informe, según explicaron los  investigadores, "es proveer de datos sobre el funcionamiento  de la administración de justicia penal en Argentina, es decir,  sobre el trabajo que realizan policías, fiscales, abogados  defensores y jueces penales, a fin de enriquecer y profundizar  el debate".

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