Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Abogados sin red

Los seguros de responsabilidad profesional para lawyers son una rara avis en el mercado. Poca demanda y poca oferta. Qué hay y qué se contrata.

Abogados sin red

Mientras avanza un reclamo por mala praxis contra una firma que lideró el mercado jurídico local un par de décadas atrás, la abogacía sigue caminando encima de la cuerda sin ningún tipo de red.
El juicio, que podría llevar al estudio demandado a su extinción, no se ha traducido en un incremento en la toma de coberturas y tampoco en su oferta por parte del mercado asegurador.

De la docena de despachos consultados por Legales en relación al uso de seguros de responsabilidad civil (RC) profesional, solo dos reconocieron tenerlos (aunque fuentes no oficiales de un tercero confirmaron que también lo tienen) y solo uno aceptó aparecer en esta nota. El motivo, argumentaron en el otro, evitar comentarios maliciosos respecto de la necesidad de cubrirse en un mercado que no suele hacerlo.

Como manifiestan dos de los consultados, el fenómeno de la RC en estos casos está vinculado más a la práctica de los litigantes que a la de aquellos que se limitan a asesorar. "Se puede saber con certeza si un plazo procesal se venció, pero es muy difícil establecer si el estatuto que presentaste en la Inspección General de Justicia o el contrato que firmaste podría haber sido mejor de lo que fue", ejemplifica uno de ellos para sostener la falta de necesidad de este tipo de cobertura.

También, es cierto que los casos de mala praxis abogadil no son numerosos. Sin embargo, no pocas veces su cuantía hace que para algunas situaciones en particular se busque algún tipo de cobertura en el mercado asegurador. "Pifiar" en un juicio multimillonario puede significar la ruina.
En la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación señalaron que hubo 45 demandas por daños y perjuicios en relación a la responsabilidad profesional de los abogados en 2009. En el ejercicio siguiente fueron 36; 35 en 2011; 20 en 2012 y 16 en el primer semestre de 2013.

Por un cambio en el sistema informático realizado al semestre siguiente, los datos llegan hasta ahí, aunque según esa misma fuente se está trabajando en los análisis de la base de datos y la confección de los nuevos programas para gestionarlos.

Pese a la falta de actualización, sí cabe hacer la comparación histórica con el rubro profesional que lidera este tipo de reclamos: la medicina. La responsabilidad profesional de los galenos fue objeto de 322 juicios en 2009; 349 en 2010; 372 en 2012; 302 en 2012, y 148 en el primer semestre de 2013.

Qué hacer

Ante este escenario, algunos brokers ofrecen "soluciones" para los letrados. "Después de los médicos, los abogados son quienes más demandas reciben por mala praxis. Los principales problemas son el dejar morir las causas, el no apelar a tiempo o que se presentan mal escritos y pruebas", se lee en el sitio web de uno de ellos.

Los seguros de este tipo, agrega, protegen "el patrimonio del profesional frente a la necesidad de responder a un reclamo o demanda efectuada por un cliente en razón de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legal de la profesión, convirtiéndose en una necesidad para la protección y continuidad de la carrera profesional".

Otro de ellos ofrece "indemnidad patrimonial del profesional frente a reclamos de clientes o derecho habientes de los mismos (hasta la suma asegurada contratada), a raíz de un acto, hecho u omisión por imprudencia, impericia o negligencia no intencional en el ejercicio de su profesión".

Se da cobertura al hecho producido en el ejercicio profesional del asegurado siempre y cuando se cumplan dos condiciones, advierten: que el acto, hecho u omisión del asegurado que ocasiona el daño haya ocurrido durante la vigencia de la póliza o durante el período de retroactividad, y que el damnificado o sus derechos habientes formulen su reclamo y lo notifiquen dentro de la vigencia de la póliza, dentro de los dos años siguientes al vencimiento o rescisión, o en el período extendido de denuncias si se hubiese contratado.
 

Bulló es una de las firmas que cuenta con este tipo de coberturas. "El estudio ha contratado desde hace años, y renueva anualmente, un seguro de RC profesional. La suma asegurada y la franquicia que asumimos como asegurados se ha estipulado en dólares. La cobertura abarca no sólo la mala praxis en que pudiéramos incurrir en forma directa, sino también aquella que pudiere sernos imputable en forma indirecta (actuación de corresponsales a los que se les deriva la gestión de un caso judicial, por ejemplo)", comenta su socio Pablo Balancini.

"Al tomar un seguro de este tipo consideramos importante analizar los riesgos a los que el estudio se encuentra expuesto de acuerdo con las prácticas que desarrolla y lleva adelante. Los riesgos pueden resultar muy diferentes y es menester evaluar la probabilidad de su ocurrencia y posible impacto. Ello amerita un análisis de la frecuencia e intensidad", abunda.

La Meridional, La Segunda, Zurich y Marsh son cuatro de las aseguradoras que fueron mencionadas como las preferidas entre los despachos al momento de tomar este tipo de pólizas.
En la última detallaron que la cobertura para estudios jurídicos alcanza la RC profesional del asegurado y de las personas por las cuales sea legalmente responsable. "Los estudios jurídicos contratan pólizas cuyas sumas aseguradas oscilan entre u$s 250.000 y u$s 10 millones, según el tamaño de la firma", comenta Christian Rada, gerente de Financial Products de la empresa en la Argentina.

Incumplimiento de obligaciones profesionales, negligencia, errores, declaraciones erróneas o cualquier acto u omisión culposa en la prestación de su servicio son algunas de las situaciones comprendidas dentro de la cobertura.

Quedan a cubierto la omisión de interponer una demanda a tiempo con la consecuente prescripción del derecho para su cliente; la caducidad de pruebas esenciales para demostrar el derecho alegado; la omisión de apelar una sentencia adversa; la omisión de presentar una oposición a una registración de marca, o la omisión de pagar las tasas de mantenimiento de patente de una invención.