La virulenta inequidad impositiva de la Argentina
A todos nos parece una noticia bienvenida que se bajen los impuestos, los cuales son coactivos pero necesarios para solventar los gastos esenciales del Estado.
La Argentina está con un déficit manifiesto por erogaciones monstruosas ante funciones esenciales que le corresponden al sector estatal, prestadas de manera deficiente. Se agregan pérdidas constantes ante la gran cantidad y magnitud de empresas estatizadas deficitarias. Una combinación explosiva que logra así un déficit fiscal inaceptable.
Por su parte, los impuestos son el costo de vivir en sociedad, pero la superposición de múltiples tributos y la falta de cumplimiento de principios básicos constitucionales, incentivan la evasión. Con estas últimas medidas, sin duda, se infringen la legalidad, la consideración errónea de la capacidad de contribuir y la equidad.
En esta oportunidad nos dedicaremos exclusivamente a la situación del impuesto a las ganancias en las personas humanas.
Este tributo debe ser el pilar de la estructura tributaria, siendo el principal impuesto progresivo, aunque en el caso argentino se alcanza la tasa máxima rápidamente, pues los escalones de la tabla son escuetos y se llega luego del equivalente a u$s 10.000 de ganancia gravada.
Además, para las personas humanas corresponde respetar las características de cada situación del individuo, casado, soltero, cantidad hijos, propietario de vivienda o inquilino, contratante de servicio doméstico, enfrenta cuota de salud prepaga o no, abona intereses por préstamos hipotecarios.
Hasta 2021 se aplicaba la ley, contemplando los montos por deducciones de esos conceptos, los cuales han quedado en valores ridículos ante la inflación. Los mismos fueron incrementándose de manera unilateral por disposiciones del Gobierno y no automáticamente como sería lógico. Se utilizó con frecuencia como arma de negociación ante los cuestionamientos de los sindicatos.
Desde 2022 por decreto - con un manto de inconstitucionalidad -, se ha decidido fijar montos mensuales límites, y así los empleados en relación dependencia quedaban exentos del impuesto a las ganancias. Se comenzó con $ 225.000 de sueldo bruto y con sucesivas adecuaciones relativas llegó a $ 700.000 para el mes de septiembre de 2023.
En dichas instancias se produjeron injusticias relevantes; jefes terminaban con un ingreso de bolsillo menores a sus subalternos y los autónomos quedaban al margen del beneficio, perjudicándolos en forma más punzantes que las que venían sufriendo.
Las empresas se ven perjudicadas por la devolución que deben cumplir a los empleados -por retenciones aplicadas oportunamente- y así al mantienen créditos en su favor en valores nominales para luego ser compensados.
Las nuevas medidas electoralistas (Decreto 473/23) disponen a partir de octubre 2023, incrementar dicho límite -al equivalente a 15 salarios mínimos, actualmente serían $ 1.770.000 valor total- el cual se modificará automáticamente por el incremento político de la base utilizada.
Dicha decisión rige para los sueldos en relación de dependencia desde octubre hasta diciembre, momento de un posible cambio de mando de las autoridades nacionales.
Hasta el momento quedan marginados los autónomos, entre ellos: comerciantes, prestadores de servicios, profesionales, productores agropecuarios y todos aquellos trabajadores que desarrollan su actividad fuera del ámbito de la relación de dependencia.
A partir de esta nueva normativa, las diferencias son virulentas con la injusticia a flor de piel.
Todos esos trabajadores deberán ingresar montos importantes de impuestos, mientras sus pares, con una realidad jurídica diferente aunque económica equivalente, quedarán exentos del impuesto a las ganancias.
Un autónomo cualquiera sea su actividad con ingreso neto mensual de $ 570.000 (equivalente Sueldo Bruto de $ 700.000), su impuesto anual seria de $ 950.000 (1,5 veces su ingreso mes). Si su ingreso fuera de $ 1.500.000 por mes, el impuesto anual alcanzaría $ 4.500.000 (3 veces su ingreso mes). La inequidad se ha potencializado con esta nueva situación.
Entre las deducciones admitidas por todo el periodo 2023, están: hijo $ 212.000 y cónyuge $ 421.000, valores ridículos sin actualizar desde Enero.
Para los empleados, sus características conyugales y filiales no se contemplan, pues su ingreso estará exento.
Los restantes "trabajadores", como pagan impuesto a las ganancias, luego de $ 250.000 en promedio mensuales, en su liquidación aplican las deducciones con restricciones y cuyos montos son ínfimos y manipulados.
La pérdida de recaudación se aspira a cubrir dicho déficit con impuesto PAIS por importaciones, o bien con más emisión y por tanto un incremento exponencial de la inflación. Se crea una nueva distorsión y se tapa el agujero con otra.
Hoy se produjo un cambio de rumbo con nuevas medidas propuestas por el Gobierno ante las críticas fundadas y contundentes de los contadores públicos conocedores de la materia impositiva.
Aparece de manera rimbombante el plan de "simplificación tributaria y alivio fiscal. "Se enviaría a Diputados un proyecto de ley con medidas inmediatas para "beneficiar" a los autónomos. Irónicamente se llamará "simple".
Apunta aquellos profesionales, prestadores de servicios y comerciantes- no mencionan al productor agropecuario individual- con ingresos mensuales menores a $ 1.770.000.-
Sería un régimen distinto al de monotributo, con único pago mensual, que abarque seguridad social, IVA y Ganancias. Y será un porcentaje de la facturación.
Se continúa sin comprender que lo adecuado es:
- Exigir el impuesto a las ganancias aquellos que obtengan ingresos netos de gastos, calculado en función de sus características personales contemplando valores razonables que permitan cubrir sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta y esparcimiento. Los valores actuales son paupérrimos.
- También la escala de porcentuales sea adecuada y recién llegue a la tasa máxima del 35% para extremos cercanos al equivalente a u$s 120.000 como existió por el año 1992-2001.
No inventemos más cuestiones intrincadas pues se agregan distorsiones y la pólvora ya está inventada.
Hay que hacer una reforma tributaria integral seria en la Argentina, cumpliendo principios básicos y aplicando la razonabilidad. Los incentivos son esenciales para impulsar el crecimiento de eso no hay duda. Premios y castigos son 2 instrumentos esenciales junto a la educación tributaria.
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