Trump amenaza con expulsar a 200.000 salvadoreños

El gobierno de Estados Unidos decidió cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250.000 inmigrantes salvadoreños, a quienes dará un plazo de 18 meses para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la decisión del presidente Donald Trump al decir que "ya no existen las condiciones originales causadas" por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, razón por la que se otorgó esta protección a 263.282 salvadoreños hasta fin de 2016.

Los defensores del TPS señalan que la alta pobreza y criminalidad vigentes en El Salvador no favorecen un retorno de sus emigrantes, y recuerdan que más del 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en EE.UU. por al menos 20 años.

En 2016, los 2,8 millones de salvadoreños que viven en EE.UU. enviaron a su país de origen u$s 4576 millones en remesas, la cifra más alta en la historia del país centroamericano y que representa el 17,1% de su PBI.

Estados Unidos considera que El Salvador completó "muchos de los proyectos de reconstrucción y saneamiento" con la "significativa ayuda internacional" recibida tras los terremotos, por lo que está en condiciones de acoger "adecuadamente" a sus nacionales emigrados.

Senadores y congresistas condenaron rotundamente la decisión y pidieron una respuesta del Capitolio. Actualmente, los legisladores realizan amplias negociaciones de política migratoria marcadas por la insistencia de Trump en construir un muro fronterizo con México y la búsqueda de una solución para los jóvenes indocumentados del suspendido programa DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia).

"Sólo el Congreso puede legislar una solución permanente a la falta de un estatus migratorio legal duradero para los que están actualmente protegidos por el TPS que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante muchos años", indicó el DHS.

El canciller Hugo Martínez pidió calma a los miles de salvadoreños en EE.UU. "porque tenemos a partir de marzo de este año hasta septiembre de 2019 para buscar una solución permanente a esta situación, o sea que estas personas obtengan una residencia". "Pueden seguir con sus actividades normalmente, porque el anuncio no implica una deportación inmediata", afirmó.

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