Coronavirus

Una comunidad de España impone multas de hasta 60.000 euros a quienes no se vacunen

El Parlamento gallego aprueba, con los únicos votos a favor del PP y la oposición en contra, la reforma de la Ley de Salud.

El Parlamento de Galicia aprobó este martes la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa injustificada" a la vacunación. 

La modificación se logró con los votos del partido gobernante -el Partido Popular- y los de la oposición de BNG y PSdeG en contra.

La propuesta, que ya fue rechazada por el ejecutivo de Pedro Sánchez en diciembre, permitiría a la Xunta aplicar una serie de medidas en situación de pandemia como las multas por negarse a ser vacunado, no llevar tapabocas o la facultad de ordenar confinamientos.

Los partidos de la oposición criticaron esta "vacunación obligatoria" por considerar que solo servirá para "dar alas a los negacionistas" de la pandemia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Mientras, el PP ha rechazado esa "supuesta obligatoriedad", ya que asegura que solo se podrá establecer "en circunstancias muy concretas".

Esta reforma de la Ley de Salud establece un régimen de sanciones, el capítulo que más críticas recibió, con multas de tres tipos: leves (que oscilan de 1000 a 3000 euros), graves (de 3001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros)

El hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus podría acarrear multas de entre 3001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación "supone un riesgo o un daño grave para la salud de la población". 

Las medidas se adoptarán "de forma motivada, tras evaluar los principios científicos" y siguiendo "el principio de precaución", pero podrán establecerse "aunque siga existiendo riesgo de incertidumbre científica" cuando "se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población".

El hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus podría acarrear multas de entre 3001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación "supone un riesgo o un daño grave para la salud de la población". 

Entre las infracciones que, en principio, se considerarían leves se encuentran, por ejemplo, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas o participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.

Legalidad discutible

Los partidos de la oposición cuestionaron la reforma durante el debate y la calificaron de "dislate absoluto" ya que restringe derechos y libertades individuales que solo competen a la normativa estatal, aparte de pretender instalar "un estado de excepción permanente".

Para el diputado del PSdeG, Julio Torrado, "obligar a vacunar es como querer evitar los accidentes de tránsito prohibiendo los autos", en lugar de apostar por concientizar. A juicio del legislador, la medida que solo servirá para "alentar al negacionismo".

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Antecedentes

Existen en España dos leyes estatales que pueden amparar a la medida adoptada por el Parlamento gallego. 

Una de 1980 que dispone que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias "cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente".

Y otra de 1986 que dispone que "las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".


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